El Ayuntamiento de Madrid, que preveía ingresar alrededor de 500 millones de euros en concepto de Plusvalía, ha cargado contra "los oídos sordos" del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez al generar "inseguridad jurídica" en torno a este impuesto por no reformar con urgencia la Ley de Haciendas Locales.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la ley de Haciendas Locales que establecen un método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido un aumento en el valor de los mismos, con independencia de que haya sido así y de la cuantía real de dicho incremento.

Sin haber accedido a la sentencia en su fondo, el equipo de Hacienda, capitaneado por la delegada Engracia Hidalgo, considera prudente esperar para dibujar las consecuencias que tendrá en el capítulo de ingresos del Ayuntamiento de Madrid.

La Plusvalía es el segundo tributo con mayor capacidad recaudatoria de todos los que gestiona el Ayuntamiento madrileño. Para 2021 se ha previsto recaudar por este tributo en el presupuesto de ingresos del Ayuntamiento una cifra próxima a los 500 millones de euros.

Es la misma cantidad que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, apuntaba en la presentación de la propuesta de ordenanzas fiscales que en sus tres años de mandato en el Consistorio las rebajas fiscales han sumado 500 millones de euros para los madrileños.

Desde el área de Hacienda han trasladado que desde 2017 la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como Plusvalía, se ha visto alterada tras dictarse diversas sentencias tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo.

"La falta de iniciativa del Gobierno de España no solo no ha resuelto la situación sino que ha permitido que se agravase al dictarse otras sentencias que incorporan nuevas dudas respecto a cuando debe entenderse que el impuesto es confiscatorio", ha declarado Hacienda.

Las mismas fuentes han detallado que en reiteradas ocasiones se ha reclamado al Gobierno de la Nación "que no prolongue más su inactividad legislativa en materia de Plusvalía y que acometa una reforma legal de este impuesto para dotarlo de mayor seguridad jurídica, a la par que compensa a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos en este impuesto".

"Los ayuntamientos no tenemos capacidad para poder resolver el problema nosotros mismos. La FEMP, el alcalde y la propia delegada en una intervención en el Senado reclamaron reformar con urgencia la Ley de Haciendas Locales para darle mayor seguridad jurídica a este impuesto pero, una vez más, Sánchez ha hecho oídos sordos a nuestras peticiones", han declarado.

A eso suman que la situación generada por la inactividad el Gobierno "amenaza la recaudación del impuesto de Plusvalía en todos los ayuntamientos, lo que supone poner en riesgo unos ingresos que en toda España pueden superar los 4.000 millones de euros".