Así lo ha anunciado la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, en una rueda de prensa en la que ha detallado las acciones que ha llevado a cabo su departamento para esclarecer los hechos con la apertura de un expediente informativo, cuyas conclusiones llevan también a interponer denuncia ante la Guardia Civil.

A falta de conocer las causas que han provocado la muerte de los animales y los resultados de las analíticas practicadas, el expediente informativo concluye que el cuidado de los burros no se ha llevado con la "diligencia que corresponde" y no ha habido una "tutela adecuada", por lo que debe haber "responsabilidades" administrativas y políticas.

La responsabilidad política se ha sustanciado en la dimisión de Pérez, mientras que las administrativas, que se tendrán que determinar, pueden alcanzar al director del Parque Natural y otros escalafones de la escala administrativa, así como al ganadero propietario de la finca.

Además, las primeras conclusiones de la investigación, desvelan "indicios" de que "una acción humana" ha podido intervenir en la muerte de los animales, dado que por ejemplo, se ha cortado varias veces la valla que los cercaba y también se ha tenido constancia de una denuncia de "amenaza de muerte" a burros de una finca situada a un kilómetro de la de este grupo.

(Habrá ampliación))