Según ha señalado en un comunicado el vicepresidente Illueca, "catorce años después la Generalitat continúa pagando 7,5 millones de euros anuales por la nefasta gestión de los gobiernos del Partido Popular. Lo estamos pagando desde una Conselleria que ha de atender en el día a día emergencias habitacionales. En total más de 38 millones de euros que podríamos estar destinando a políticas de viviendas para las personas más vulnerables".

En concreto, el escrito dirigido al CJC recoge la consulta sobre "la posible nulidad del convenio de colaboración suscrito el 28 de septiembre de 2007 entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat, a través del ente Gestor de la Red de Trasportes y Puertos de la Generalitat Valenciana (GTP), en virtud del cual se anticipó por este ente gestor el pago de las obras e infraestructuras por un total inicialmente previsto de 38.501.827,82 euros".

Asimismo, se pide opinión sobre la posible nulidad del Decreto 3/2007, que asignaba al ente GTP el desarrollo de todas las actuaciones necesarias para ejecutar las obras que después se recogieron en el convenio de 28 de septiembre de 2007 y sobre qué órganos son los competentes para declarar la nulidad del Convenio y del Decreto 3/2007, en su caso.

Por último, dado que la Generalitat Valenciana no ha sido "compensada" de las cantidades de dinero que anticipó y que ascienden a más 38 millones y medio de euros, además se solicita que el CJC se pronuncie sobre el modo a través del cual la Generalitat debe exigir al Ayuntamiento de València el reembolso de lo anticipado, tanto si se declara la nulidad del convenio como si no, así como cuándo podría exigirlo.

CAMPS

Según señala el departamento de Illueca, el pasado mes de mayo el expresidente de la Generalitat Francisco Camps presentó un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento de València en el que instaba al consistorio a recuperar los 43 millones de euros invertidos en las obras del circuito de Fórmula 1, y hacerlo a través de un canon aplicado a los propietarios del sector del Grau.

Asimismo, presentó un escrito en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) con el fin que esta exigiera el pago al Ayuntamiento de València, todo ello en base al convenio de 28 de septiembre de 2007.

El coste de las obras fue prestado por la Generalitat Valenciana, en concreto por el Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos (GTP) que ahora forma parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Este adelanto presupuestario "nunca fue devuelto" por parte del Ayuntamiento de València, que no ha impuesto hasta el día de hoy el canon mencionado.

"IRREGULARIDADES"

Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática se han detectado una "serie de irregularidades" que podrían suponer la declaración de nulidad del convenio, dado que el procedimiento llevado a cabo para su firma "no siguió los protocolos establecidos", entre otros motivos, porque las personas que firmaron el convenio por parte de la Generalitat "no tenían competencias para hacerlo".

Así, señala que el convenio fue impulsado y firmado por el presidente de la GTP, pero no fue impulsado ni aprobado por el Consejo Administrativo del mismo organismo que era quien tenía competencias en la cuestión. "Solo aparece la firma del presidente del GTP y del consejero a cargo", señala.

Además, en el convenio se aprobaron cuestiones relativas a la determinación urbanística de la ciudad, pero no se tramitaron según indica la ley urbanística valenciana. El convenio establecía que la GTP avanzaba el dinero, que debía ser reembolsado por los propietarios tras la tramitación de los procedimientos urbanísticos correspondientes, pero dichos propietarios "nunca llegaron a ser notificados de esta obligación ni pudieron hacer alegaciones en su defensa".

En consecuencia, el convenio "abría la puerta a qué fueran los propietarios del Sector Grau y no el Ayuntamiento quienes soportaran el coste de las obras, pero no se tramitó simultáneamente la modificación del Plan General ni el Programa de Actuación Integrada, por lo que además a día de hoy se desconoce si los tribunales de justicia hubieran aprobado esta fórmula que afecta a terceros que no fueron oídos".

La respuesta del Consell Jurídic Consultiu será "determinante" para la declaración de la nulidad del convenio por parte del órgano competente así como para recuperar el dinero anticipado por la Generalitat "sin que se puedan plantear dudas jurídicas sobre el modo en que pueda ser exigido ese derecho", señala Vivienda.