Soro ha advertido de que se trata de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y por eso "se podían haber hecho las cosas de otra manera". "No me parece serio" que quienes son responsables en esta materia desconozcan "qué está haciendo el Gobierno central", más allá de lo que se ha ido anunciado a través de los medios de comunicación, puesto que no ha habido "ningún tipo de diálogo, al menos con Aragón".

Por eso, ha señalado que espera que el Ejecutivo central se quede "en su ámbito de competencias, como regular el contrato de alquiler, que las comunidades autónomas no podemos hacer" y otras medidas "que sí afectan a la economía" y que desde los Gobierno regionales no se pueden implementar.

El consejero ha indicado, asimismo, que todavía faltan "bastantes meses" para la aprobación definitiva de esta ley ya que, tras recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, se remitirá a las Cortes Generales, y ha confiado en que el Gobierno central la lleve a la Conferencia Sectorial del ramo.

Soro también ha expresado su preocupación por que se legisle, "como siempre, pensando en Madrid y Barcelona e ignorando al resto de España y especialmente al medio rural", para apuntar, por un lado, que si se adoptan criterios "pensando solo en el Paseo de la Castellana", igual no se pueden aplicar en ciudades como Zaragoza, y, por otro, que hay que pensar el medio rural, que necesita "medidas diferentes".

FALTA DE OFERTA

El consejero ha comentado que en el medio rural aragonés el problema "no es la tensión de los precios, sino la falta de vivienda" de forma que más allá de limitar el precio del alquiler es preciso desarrollar "otro tipo de medidas", interviniendo en el mercado a través del "incremento sustancial del parque público de viviendas públicas en alquiler a precio asequible".

"Esa es la forma de contener los precios", ha remachado Soro, para recordar que el Gobierno de Aragón está realizando varias actuaciones en este ámbito, como una convocatoria dotada con 2,3 millones de euros para adquirir viviendas de entidades financieras y otra de 1,8 para que los ayuntamientos puedan comprar viviendas destinadas al alquiler social.

Ha añadido que hay otros proyectos "novedosos" e "interesantes" en Zaragoza, Huesca y otras localidades para incrementar el parque de vivienda, como el 'Proyecto Pirineos', un edificio de alojamientos para jóvenes en la capital aragonesa, impulsado por el Ejecutivo autonómico.

Por otra parte, ha comentado que los fondos europeos en materia de vivienda también van a contribuir a que diferentes administraciones públicas aragonesas puedan incrementar su parque para ofrecer alternativas "asequibles".

Soro se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre esta cuestión en la rueda de prensa en la que ha dado a conocer el 'Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en el área metropolitana de Zaragoza'.

PAGO DE LAS AUTOVÍAS

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha recordado la oposición de Aragón al anuncio del Gobierno central sobre el pago para el uso de las carreteras de alta capacidad, como las autovías, si bien ha apuntado que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, "está hablando de consenso" en esta materia.

Soro ha reiterado la "radical oposición" por parte del Gobierno autonómico a que se instaure ese mecanismo de pago, que, con carácter general, "no tiene sentido" porque son infraestructuras "que hemos pagado los ciudadanos con nuestros impuestos y por lo tanto tenemos derecho a utilizarlas".

Además, esta medida "injusta" con carácter general, en el caso de Aragón sería "sangrante", cuando la inversión en la red de vías de alta capacidad de este territorio "año tras año se retrasa" y ha citado obras pendientes como la conclusión del desdoblamiento de la N-232, N-II y de las autovías A-21 y A-22.

Soro ha considerado que también sería una decisión "injusta" para el sector del transporte ya que "no podemos empujar a los camiones a la carretera", sino "llevarlos a las vías de alta capacidad" y también ha dicho que sería preocupante en cuanto a la seguridad vial ya que para favorecerla "la fórmula es incentivar el uso de autovías y autopistas, no desincentivarlo, que es lo que se está haciendo".

El consejero ha reconocido que la conservación ordinaria de carreteras "cuesta mucho dinero" y, por ejemplo, en Aragón, se destina anualmente más presupuesto a este fin que a obra nueva. "Luce menos, pero es mucho más importante", también para la seguridad vial "y cuando se planifica hay que tener en cuenta que después hay que conservar la red", ha esgrimido.

En otro orden de cosas, ha comentado que fue el primero en exigir la reposición de todos los servicios ferroviarios en Aragón previos a la pandemia del coronavirus porque "no se puede esperar a que la demanda justifique la oferta, sino actuar en este última".

El consejero ha enfatizado en que en todas las sectoriales que asiste siempre reivindica "que nos deje capacidad para ejercer el autogobierno, que no se tomen las decisiones con una visión centralista o radial y que nos dejen adaptar determinadas medidas a la realidad aragonesa, que es diferente a la de otros lugares", para asegurar que su proceder está encaminado "a defender los intereses generales de los aragoneses" y, cuando es preciso, manifiesta su "descuerdo" con las decisiones del Gobierno central.