Ante la escalada imparable del precio de la energía y la cercanía del invierno, el Gobierno ha decidido reforzar el paquete de medidas que ya aprobó hace unas semanas. El objetivo es ayudar a las familias más vulnerables a pagar la factura de la luz y contribuir a que el tejido industrial no pierda competitividad.

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El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha inmediata de una partida adicional de 100 millones de euros para que 1,2 millones de hogares puedan afrontar las facturas. Parte de esos fondos también revertirán en las industrias y las empresas españolas a las que, en palabras del presidente del Ejecutivo, se les "ayudará a proteger su contrato ante el alza de los precios". Además, se implementarán nuevos mecanismos de "transparencia" y de "control" sobre la formación de la tarifa eléctrica.

"Los socialistas no miramos para otro lado, nosotros resolvemos los problemas", aseguró Sánchez al anunciar la medida durante la clausura del congreso del PSOE extremeño. Los 100 millones extra y el resto de políticas se incluirán en un real decreto ley que se aprobará en el Consejo de Ministros que se celebrará este martes. Estas medidas se suma al paquete que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos aprobó hace unas semanas para paliar el encarecimiento de la electricidad. Entre otras iniciativas, entonces se puso un tope al precio del gas para obligar a las eléctricas a vender parte de la energía que generan a un precio fijo y se otorgó mayor protección a las familias más vulnerables para que no se les cortara el suministro en caso de impago.

Los mecanismos para paliar la escala del precio de la luz –que este domingo se anotó el domingo más caro de la historia con un coste de 213,29 euros/MWh en el mercado mayorista– no serán la única medida clave que se aprobará en el Consejo de Ministros de esta semana: Sánchez anunció este domingo que en la reunión de este martes también se aprobará el anteproyecto de la ley de Vivienda. Se trata de una norma en la que socialistas y morados llevan trabajando casi 12 meses.

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"Por fin, después de 40 años, se aprobará la primera ley de Vivienda de la historia de la democracia", destacó el jefe del Ejecutivo. Sánchez aseguró que el texto que han impulsado hará que la vivienda "deje de ser un problema" para convertirse "en un verdadero derecho", especialmente, para los jóvenes y para todas las personas que hoy quedan excluidas de la compra o alquiler. Lo hará, detalló el presidente, prohibiendo que se vendan viviendas públicas a los fondos especulativos de inversión, como sucedió en el pasado en la Comunidad de Madrid. También obligando a que el 30% de las 100.000 viviendas sociales que se construirán en los próximos años sean de alquiler accesible para los jóvenes.

Otras medidas que recoge el anteproyecto es la regulación de los alquileres, al contemplar limitaciones de precio en zonas tensionadas en función de un índice oficial a las empresas e instituciones propietarias de más de diez viviendas. Este uno de los puntos que más recelos levanta entre la oposición y el sector inmobiliario y que centrará gran parte del debate parlamentario. El Gobierno quiere enviar al Congreso como proyecto de ley antes de que termine 2021, pero su tramitación no comenzaría, previsiblemente, antes de febrero de 2022.