El escrito del fiscal apunta a que los acusados utilizaban el interior del establecimiento que regentaba uno de ellos para la venta y distribución de sustancias estupefacientes a terceros, especialmente cocaína y, en menor medida, cannabis.
Además, el Ministerio Fiscal asegura que cada uno de ellos realizaba una tarea distinta: adquisición de las sustancias, contacto y captación de clientes, recaudación e ingreso del dinero en el banco o vigilancia y cobertura, entre otras.
La Policía Nacional, ante la sospecha de la actividad ilegal del supuesto grupo, realizó varios dispositivos de vigilancia, comprobando cómo los acusados entraban y salían del local y facilitaban las sustancias a terceras personas.
En los registros efectuados tanto en los domicilios de los cuatro acusados como en la barbería, los agentes incautaron varias cantidades de sustancias estupefacientes, sobre todo cocaína, así como dinero en efectivo, básculas de precisión o jeringuillas.
Por todo ello, la Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a un grupo criminal, y pide para todos ellos penas que suman hasta 36 años de cárcel y multas por valor de 548.000 euros.
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