La Mesa del Congreso solicita al Tribunal Supremo que le aclare si Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, debe o no perder su escaño en el Congreso. Así lo decidió este jueves la Mesa de la Cámara Baja apenas un día después de posicionarse a favor de que Rodríguez mantuviera el acta -en línea con el informe de los letrados del Congreso- tras haber sido condenado por atentado a un agente de la autoridad. Esa decisión provocó que el Tribunal Supremo se dirigiera a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para instarle a precisar cuándo iba a cumplir Rodríguez la pena de inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo.
La decisión de pedir aclaraciones al Alto Tribunal fue adoptada este jueves tras una larga reunión de la Mesa, convocada de manera extraordinaria para valorar de nuevo la posible suspensión del diputado después del escrito del Supremo. PSOE y Unidas Podemos hicieron valer su mayoría en el órgano de gobierno del Congreso para aplazar la decisión y solicitar al tribunal cuáles son los "efectos de su sentencia en la condición de diputado" de Rodríguez. No obstante, fuentes próximas a Batet resaltan que esa decisión se toma "sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso" para tomar la decisión final.
Con este movimiento, Batet evita confrontar con el Tribunal Supremo y le pide que explique legalmente si debe retirar el acta a Rodríguez en contra del criterio de los letrados y de la mayoría de la propia Mesa del Congreso. Los juristas de la Cámara Baja consideran que Rodríguez puede mantener su escaño porque su condena de cárcel fue sustituida por una multa -ya abonada- y porque se inhabilita temporalmente su derecho al sufragio pasivo -es decir, a concurrir a unas elecciones-, pero no expresamente el de ejercer un cargo público para el que ya ha sido electo.
El problema se produce porque el Tribunal Supremo y los letrados del Congreso interpretan de diferente manera las consecuencias de la sentencia. Jurisprudencialmente, está claro que un ciudadano que sea condenado por sentencia firme a pena de prisión y a inhabilitación de su derecho a ser elegido en unas elecciones puede ser privado de un cargo público que ya ejerza. Pero no está claro qué debe ocurrir si esa pena de prisión se sustituye por el pago de una multa.
Choque de interpretaciones
Lo que argumentan los letrados es que, como el Supremo no ordena el ingreso en prisión de Rodríguez -por obligación legal, ya que la condena es muy baja- y sustituye esta pena por una sanción económica, solo puede entenderse que la condena es a una multa y no a cárcel y, por ende, no se puede retirar al diputado su escaño. Este posicionamiento es compartido por Unidas Podemos, que señaló por boca del secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, que "si hubiera sido la voluntad del Supremo" la de retirar a Rodríguez el acta se le hubiera inhabilitado para ejercer cargos públicos o se le "hubiera condenado a una pena mayor" que implicara pena de prisión y, por tanto, pérdida automática del escaño.
"Pero no lo hizo, y la pena de prisión se sustituyó por obligación legal por una multa por lo baja que era", insistió Pisarello. Otra interpretación de la sentencia, no obstante, considera que como la pena de prisión sí se ha dictado -aunque no se tenga que hacer efectiva-, sí concurren los requisitos para que la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo conlleve en el caso de Rodríguez perder también su actual cargo público. PP y Vox, de hecho, defendieron este jueves en la reunión de la Mesa que la sentencia implica que al diputado morado debe retirársele el acta de forma inmediata.
Así lo defendió tras la reunión la vicepresidenta segunda de la Mesa, la popular Ana Pastor, que aseguró que cumplir "el auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo" supone quitar el acta a Rodríguez. "El escrito del Tribunal Supremo no ha podido ser más claro, y por eso exigimos a la presidenta y la Mesa que no pretendan alargar más esta situación" porque, "de otro modo, se estaría incumpliendo una sentencia", espetó Pastor.
El PP carga contra Batet: "Son excusas"
Habida cuenta de este choque de interpretaciones, la decisión de Batet de consultar al Supremo supone que el Alto Tribunal deberá "aclarar" qué dice "exactamente" su sentencia y cuáles son las consecuencias que de ella se derivan, explicó Pisarello. Para Unidas Podemos, no obstante, "aclarar no quiere decir inventar algo que no se dijo en la sentencia", porque los morados consideran -en línea con los letrados del Congreso- que el fallo "no dice en ningún momento de manera expresa que se pueda privar de su cargo a Alberto Rodríguez".
Para el PP, no obstante, esta solicitud al Supremo para que ofrezca detalles sobre las consecuencias de su sentencia supone "una nueva maniobra de dilación" por parte de Batet. El escrito del Alto Tribunal, insistió Ana Pastor, "es clarísimo, no deja lugar a dudas, es incuestionable, y pide a la presidenta que informe de la fecha de inicio de la ejecución de la pena de la inhabilitación de sufragio pasivo". Y cualquier otra acción que no sea retirar el escaño a Rodríguez, considera el PP, "son excusas".
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios