Entre las normas que se modifican está la ley gallega de salud y en los términos pactados con el Gobierno central que dieron pie a que este retirase el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional (TC). La clarificación fundamental es que se subraya la voluntariedad de la vacunación "con carácter general".

Así, una vez que quede aprobada la ley de acompañamiento en la Cámara gallega -junto a los presupuestos, antes de las fiestas navideñas-, la ley de salud gallega aclarará ese carácter voluntario de la vacunación y que se aplicará de acuerdo con lo establecido por la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo también con la estrategia nacional de vacunación vigente.

Una vez se certifique la aprobación de este cambio normativo, formalmente quedará completamente zanjado el conflicto activado entre las dos administraciones a raíz de la ley de salud gallega, que adquirió especial relevancia en un contexto marcado por la pandemia.

DIRECTRICES DEL PAISAJE

También en conflicto con el Estado estaban las Directrices da Paisaxe de Galicia, cuyo decreto se procede a modificar en la ley de medidas. Por una parte, se añade una disposición adicional excluyendo de la aplicación de las citadas directrices del paisaje a los planes, proyectos o programas que sean competencia del Estado.

Y en segundo término, se corrige el régimen transitorio establecido en dicho decreto, pues su aplicación está diferida a un momento, la aprobación provisional, que no está contemplada en los procedimientos de aprobación de proyectos.

MÁS CAMBIOS

También se encuentran entre la casi treintena de variaciones normativas la creación de una nueva categoría de médicos de Primaria en centros de salud que harán guardias en los PAC; la moratoria de año y medio para nuevos proyectos eólicos -salvo que tengan una "clara incidencia" económica-; la puesta en marcha de un fondo de cooperación con los ayuntamientos para impulsar nueva vivienda social; así como la modificación de la ley de prevención de incendios para "clarificar" que la obligación de limpiar fincas se extiende a todo el año.

Aquí también se encuentran las anunciadas rebajas fiscales y la gratuidad a partir del próximo curso de las escuelas infantiles. A esto se unen cerca de una veintena de cambios en la ley de empleo -que han recibido críticas sindicales en los últimos días por falta de negociación-, como introducir la excepción de no reservar plazas para promoción interna cuando se trate de convocatorias de procesos de estabilización de empleo temporal.

En otro orden de cosas, se modifica la ley de coordinación de policías locales con la principal novedad en la regulación de movilidad, que pasa de configurarse como un sistema de acceso a las diferentes categorías de los cuerpos a establecerse como un sistema de provisión.

Hay nueva variación en la ley del suelo de Galicia que quiere aclarar "las numerosas dudas" en lo que tocante a que se incluye entre el uso admisible en suelo rústico la implantación de campamentos de turismo y zonas de caravanas. Además, se facilita la implantación de usos industriales en pequeños municipios sin plan de ordenación, sin limitar estas actuaciones a que tengan que ser necesariamente de carácter público.

Uno de los cambios pasa por suavizar las exigencias del material empleados en los cierres en Red Natura, con lo que se busca "compatibilizar" la protección de la vida silvestre con el desarrollo de actividades tradicionales en el medio rural.

LEY DE MONTES Y MOVILIDAD

Otro punto se refiere a la ley de montes, con el fin de flexibilizar el uso de especies forestales en repoblaciones de procedencia que no sea gallega, de forma que pueda provenir de otras regiones previa resolución de la administración forestal por su "idoneidad".

Paralelamente, se abordan diferentes cambios en materia de movilidad y transporte. Se busca dar cobertura a infraestructuras de movilidad sostenible, del tipo sendas peatonales o aparcamientos disuasorios, que carecen de legislación específica que las regule.

Entre otros, la Xunta también interviene para atajar la "laguna" detectada en estaciones de transporte de viajeros. Persigue definir sus elementos esenciales y regulación de funcionamiento.

Finalmente, la ley del sistema universitario muda para fortalecer las estructuras de investigación e innovación, así como para eliminar las limitaciones temporales en la duración del mandato del presidente del consejo social.