El pasado 3 de octubre, durante el mitin con el que el PP cerró en la plaza de toros de València su reciente convención nacional, la portavoz municipal del partido y número 2 del PPCV, María José Catalá, arrancó una ovación en pie de los asistentes cuando reivindicó la figura de la exalcaldesa Rita Barberá, que gobernó el cap i casal durante 24 años. Solo 16 días después, el auto del magistrado del juzgado de instrucción número 18 de València, Víctor Gómez, supone un duro golpe a la estrategia de reencuentro de los populares valencianos con sus referentes históricos.

De hecho, a aquel acto multitudinario celebrado en uno de los lugares emblemáticos de la época de mayorías absolutas del PP valenciano acudió también el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, apartado de la primera línea por sus excompañeros desde que renunció al cargo acosado por los problemas judiciales derivados de causas de corrupción.

Pero el caso más doloroso para la formación popular fue el final de la exalcaldesa, que falleció en Madrid, donde era senadora, repudiada y reprobada incluso por sus propios compañeros de partido en Les Corts tras ser imputada por el Supremo en el caso Taula, lo que la empujó a darse de baja del PP. El 21 de diciembre de 2016, dos días después de declarar en calidad de investigada en el alto tribunal, falleció en un céntrico hotel madrileño, adonde se había trasladado para acudir a un pleno del Senado.

Desde entonces, su figura se convirtió en un elemento incómodo para el PP valenciano. Tanto que incluso la expresidenta del PPCV, Isabel Bonig, llegó a pedir perdón públicamente en su despedida desde la tribuna de Les Corts por haber apoyado la reprobación de Barberá tras ser imputada. El cambio se ha escenificado definitivamente con la nueva dirección que encabezan Carlos Mazón y María José Catalá, que han tratado de reconciliarse con el pasado del partido en busca de la antigua hegemonía electoral. 

Todo ello mientras el caso seguía latente en el juzgado, sin avances claros en una instrucción que estaba finalizada pero que tenía que rematarse con el auto de procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento. Ese trámite ha llegado este martes y, con él, la vuelta de un legado todavía controvertido para el PP.