Durante el juicio, la parte demandante y la demandada se han mantenido en sus planteamientos, en el caso del representante legal de los trabajadores en cuanto a que el traslado debe ser anulado ya que la empresa, a su entender, no ha facilitado a los afectados una memoria justificada de las verdaderas razones de dicha medida, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Así, el abogado de la parte actora ha insistido en que la dirección de ACOR ha incumplido con los requisitos exigidos de aportar información sobre las causas legales del traslado, al tiempo que considera vulnerados los derechos de libertad sindical y de igualdad al entender que tras la falta de acuerdo entre ambas partes sobre el traslado de Valladolid a Olmedo a partir del 1 de marzo-la medida del Consejo Rector fue comunicada el 4 de enero-, la empresa estipuló condiciones diferentes para situaciones iguales.

Por contra, la parte demandada entiende que el traslado se encuentra justificado por causas objetivas, entre las que cita la centralización de la producción y la búsqueda de un ahorro económico.

La medida afecta de forma muy importante a la plantilla, toda vez que el centro de trabajo en Olmedo se encuentra aproximadamente, por carretera nacional, a unos 40 kilómetros de distancia de las oficinas sitas en el Paseo Isabel La Católica, trayecto que, en caso de uso de vehículo particular, no baja de los de 45 minutos, lo que implica hora y media de viaje diario.

Sin embargo, fuentes de la parte demandante aseguran que las oficinas centrales en Valladolid siguen abiertas-la empresa apuntaba al alquiler de las mismas o de parte de ellas-y algunos de los desplazados han vuelto a las mismas, con lo que no se explican qué ahorro se ha podido obtener con el traslado.