El Gobierno confirma que impondrá nuevos peajes en las autovías, pero pide llamarlos "tarificación por uso"

Trabajos de derribo del peaje de la C-32 en Vilassar de Dalt (Barcelona) este lunes 20 de septiembre.
Trabajos de derribo del peaje de la C-32 en Vilassar de Dalt (Barcelona).
JORDI PUJOLAR / ACN

El Gobierno se mantiene firme en su idea de implantar peajes, aunque propone hablar de "tarificación" por uso de la red viaria de carreteras españolas. En estos términos se ha expresado este martes el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez, que ha reconocido que las intenciones del Ejecutivo no han variado en las últimas semanas y que continúan trabajando en la implantación de los nuevos peajes, que entrarían en vigor a partir de 2024.

"Hay que hacerlo, estamos decididos a plantear el debate", ha señalado Vázquez en un foro organizado por la Cadena SER en Galicia. En su intervención, el secretario ha asegurado que esta decisión, que fue introducida por el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en los planes que envió el Gobierno a Europa para recibir los fondos de recuperación, se basa en dos motivaciones: la conservación de las vías a cargo de los usuarios y la apuesta por el transporte sostenible.

La medida, sin embargo, amenaza con abrir una brecha en el Gobierno, ya que Unidas Podemos se opone: "Que quede claro: nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora. O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales", dijo su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique.

Los argumentos del Ministerio

El primero de estos argumentos ya fue esgrimido por Pere Navarro, director de la Dirección General de Tráfico (DGT), cuando se planteó el debate, en mayo de este año. En una comparecencia en el Senado, pidió "poner el cascabel al gato" porque la conservación de las carreteras, dijo, no se puede pagar con cargo a los Presupuestos. Vázquez, por su parte, ha insistido en que existe un "déficit" de conservación de la red viaria. 

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"Así tendremos una herramienta para no pagar con los impuestos de todos le mantenimiento" de las carreteras, ha asegurado. En los Presupuestos de 2022 se destinan 1.400 millones de euros para mantener las autovías españolas, una cantidad que la secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo, considera insuficiente.

Además, este pago por uso también supondrá, o eso esperan desde el Ministerio, un aliciente para "volver" al transporte público. Según ha explicado Vázquez, la pandemia ha reducido el uso de trenes o autobuses. Ha puesto como ejemplo que los viajes del ferrocarril de viaje Atlántico, que tiene entre sus ofertas la línea entre A Coruña y Santiago de Compostela, ha perdido un 40% de los viajeros desde la Covid, mientras que el nivel de usuarios de la autopista AP-9 ya supera los datos previos a la crisis sanitaria y económica. "Esto nos preocupa. No es sostenible un incremento del tráfico en carretera como tenemos y desde el Ministerio no podemos cerrar los ojos", ha añadido Vázquez.

Con todo, el secretario general de Infraestructuras ha pedido que no se hable de peajes, sino de "sistema de tarificación". "No le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las de las autopistas que se pagan hoy", ha añadido Vázquez. En esto también insistió Raquel Sánchez, ministra de Transportes, aunque sin llegar a clarificar cómo pretende imponer el pago por uso en las carreteras españolas. A día de hoy la alternativa más plausible parece un sistema similar al portugués, en el que el cobro por uso dependerá de los kilómetros recorridos por cada vehículo, en vez de tener que abonar tarifas mensuales o anuales.

Así, se instalarían en las carreteras cámaras de control de matrículas que deberían estar dadas de alta en una base de datos y tener una forma de pago asociada. El coste de cada kilómetro podría rondar un céntimo, una cifra que fuentes del Gobierno admiten que encaja mejor en sus planes que los cáuclos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan) o la de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), que han sugerido un coste para el usuario de entre tres y cinco céntimos por kilómetro.

Si el coste final fuera de un céntimo por kilómetro, un viaje Madrid-Valencia costaría en torno a 3,60 euros; un Madrid-Sevilla, unos 5,30 euros; y un Madrid-Barcelona saldría por hasta 6,20 euros. El importe se destinaría a la conservación de la red viaria.

Un sistema aún por definir

Pese a todo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no quiso ofrecer este martes más detalles sobre el sistema de tarificación que se aprobará, más allá de confirmar que el Gobierno sí pretende poner en marcha este copago "en la línea de lo que se viene aplicando en la mayoría de países de la UE, 24 de los 27". Sánchez se limitó a afirmar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que su departamento está "avanzando en los trabajos" para diseñar este sistema de cobro por uso, y afirmó que se presentará "de aquí a unos meses".

La titular de Transportes también aseguró que el Ejecutivo someterá su propuesta "al análisis y el debate con los agentes económicos y el sector del transporte", y que buscará "el consenso político para establecer" un sistema cuya estructura final aún se está "analizando". "Será un sistema de tarificación que no genere agravios territoriales, un sistema justo y que esté sujeto al consenso con los agentes sociales, económicos y las comunidades", prometió Sánchez.

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