La mayoría del Congreso de los Diputados se mostró este martes a favor de tramitar la proposición de ley registrada por Esquerra Republicana (ERC) en la que establece, entre otras medidas, que un delito de abusos sexuales contra un menor en un colegio no comience a prescribir hasta que la víctima cumpla los 30 años. La iniciativa recibirá previsiblemente el voto de la mayoría de grupos este jueves, lo que permitirá que continúe su tramitación parlamentaria, que puede dilatarse meses hasta su aprobación definitiva. 

Claves de la ley de infancia 

En el texto, recogido por 20minutos, el grupo republicano propone: modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para cambiar el plazo de prescripción y ampliar la duración de la suspensión provisional; añadir una nueva causa de despido en el Estatuto de los Trabajadores; aumentar la colaboración entre el poder judicial y las administraciones; y crear un fondo de financiación para la formación de los profesionales.

"¿Qué harían ustedes si les dijeran que el profesor de la clase de su hijo de siete años está acusado de agresión sexual a otro niño de la clase? ¿Llevarían con normalidad a clase a su hijo o querrían que el profesor fuera apartado de la clase hasta aclarar el asunto? ¿Qué harían si fuera su hija de 7 años quien acusa a su profesor de agresión sexual?", preguntó la diputada de ERC Montserrat Bassa durante la defensa de la iniciativa en el Pleno. 

Reconociendo que "estamos ante un dilema moral" por la "colisión de derechos" que se produce entre la presunción de inocencia del profesor y los derechos de los menores, Bassa recalcó que "la protección del menor es siempre un bien superior que prima frente al derecho del profesor hasta que la justicia no emita sentencia". 

"La finalidad de esta suspensión temporal no es la de castigar al profesor, sino defender al menor"

Además, señaló que "apartar" al profesor durante toda la investigación, puede ser también un "mecanismo de protección" al propio profesional, "porque la tensión que genera puede ser de tan magnitud que sufra acoso por parte de las familias". "La finalidad de esta suspensión temporal no es la de castigar al profesor, sino defender al menor", reiteró.

"Aunque no forma parte de la tónica habitual, la realidad es que en los centros educativos se han producido y se producen conductas no deseadas de tipo sexual que afectan a alumnos menores de edad", alegó el grupo en el texto presentado en marzo. Situaciones que, según denunció, "con demasiada frecuencia" han sido "ocultadas o invisibilizadas", como consecuencia del "pacto de silencio" que considera que se mantiene en torno de la problemática de los abusos en centros educativos. 

El fin de esta iniciativa legislativa es, por tanto, la "prevención y la reacción eficaz" de los abusos sexuales a menores en los colegios y otros entornos que suelen estar concurridos por niños y niñas. Considera que los delitos perpetrados por el personal docente "son ante todo un abuso de poder", pues se aprovechan por un lado de la "especial vulnerabilidad de las víctimas" y, por otro, de la "posición de referencialidad en la que goza, sobre todo, el personal docente".

Consenso mayoritario en el Congreso

La gran mayoría de grupos parlamentarios se mostraron a favor de la tramitación de esta ley de prevención de los abusos sexuales en centros educativos. "El abuso sexual es la modalidad más espeluznante de maltrato infantil", lamentó la diputada socialista Maribel García, durante la intervención en la que ofrecieron su apoyo a ERC para continuar tramitando la ley. 

También ofrecieron su "sí" a la iniciativa los diputados de Unidas Podemos, aunque denunciaron que se focalizara la responsabilidad en el profesor y ninguna a la Iglesia o las escuelas concertadas. "Echamos en falta casos de escuelas concertadas en las que no habían actuado debidamente en estos casos se les tiene que retirar el concierto", declaró el diputado Joan Mena, asegurando que "España es uno de los pocos países en que la Iglesia no está investigando los casos de pederastia y abusos a menores". "La Conferencia Episcopal debería iniciar una investigación junto al Gobierno, el Congreso y la Fiscalía", añadió.

Ciudadanos se mostró asimismo a favor de la propuesta, aunque reprochando a Bassa que haya "aprovechado" la iniciativa para hacer "un alegato secesionista"; en referencia a la parte en la que la diputada de ERC afirmó que "en una Cataluña independiente, lo que hoy planteamos aquí ya sería una ley". 

Con menos entusiasmo recibieron la propuesta los diputados del Partido Popular, Vox y del Grupo Parlamentario Mixto. Los tres coinciden en que el asunto es urgente e importante de tratar, pero difieren en la redacción de la norma, que aseguran "queda superada" con la aprobación de la LOMLOE y la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

"Estas medidas podrían haberse incorporado en la normativa anterior", aseveró la diputada del PP, Bea Fanjul, reprochando también que propongan una reforma del estatuto "sin el diálogo social". Tanto ella como la diputada de Vox, Georgina Trías, han dedicado parte de su intervención en el caso "escandaloso" y "escalofriante" de la explotación sexual de menores tuteladas en Menorca (Baleares).

¿Qué proponen?: prescripción a los 30 años, despido por condena...

En primer lugar, establecen la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para que el plazo de prescripción de un delito de abusos sexuales contra un menor en un centro educativo comience a contar cuando la víctima cumpla 30 años. 

En ese sentido, defienden también ampliar, de seis a ocho meses, la duración máxima de la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario. De este modo, se define que dicha medida se mantendrá hasta que la resolución judicial adquiera firmeza, y propone la pérdida de la condición de funcionario de carrera, como "la consecuencia aneja a la firmeza de la sentencia condenatoria".

En segundo lugar establecen la introducción de una nueva causa de extinción del contrato de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores. Así, para aquellos casos en los que el trabajador requiera el contacto habitual con menores para el desarrollo de su profesión, como pediatras o monitores de campamento, será una causa de despido el hecho de que sea condenado, en resolución judicial firme, por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

Se regula también el procedimiento a seguir durante todo el proceso de la investigación. "El trabajador investigado será apartado de su puesto de trabajo con efectos inmediatos a fin de garantizar que no se produzca coincidencia en tiempo y espacio entre este y cualquier persona menor de edad", establece la iniciativa. 

Financiación y colaboración entre poder judicial y administraciones

Por último, la proposición de ley expone dos disposiciones adicionales: una relativa a la colaboración entre el poder judicial y las administraciones; y otra sobre la creación de un fondo para la formación de los profesionales. 

Insisten así en la importancia de que las administraciones públicas competentes estén en constante comunicación con el poder judicial. "El objetivo es la prevención y la rápida reacción ante casos de abusos o agresiones sexuales que se produzcan en centros educativos", defiende el texto. "El tiempo que pasa entre el conocimiento de los hechos y la adopción de la medida cautelar por parte del juzgado puede alargarse durante semanas", denunció Bassa en el Pleno del Congreso.

La otra disposición adicional contempla la creación de un fondo -a través de los Presupuestos Generales del Estado- para la formación del personal educativo en materia de prevención de abusos sexuales y, en definitiva, para dotar a las administraciones competentes de una financiación "adecuada y suficiente" para la formación de su personal.