Continúan las negociaciones entre el Ministerio de Universidades y los distintos actores de la comunidad universitaria en torno a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El estudiantado universitario, representado por la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), reivindicó este martes el avance hacia la gratuidad de las tasas universitarias y un aumento del gasto público a corto plazo. 

Así cambiará la universidad con la nueva 'ley Castells': ¿menos requisitos para ser rector? ¿Acabará con la precariedad?

Los estudiantes hicieron públicas sus demandas en un comunicado remitido justo un día después de la celebración de la mesa de negociación mixta entre el ministerio y estudiantes, rectores, sindicatos, consejos sociales y comunidades autónomas para debatir sobre la financiación de las universidades públicas. 

Insistieron con especial fuerza un asunto que el ministro Manuel Castells ya ha puesto sobre la mesa en otras ocasiones: que la primera matrícula universitaria sea gratis. Es, según indican en el escrito al que ha tenido acceso 20minutos, "fundamental" que la LOSU -también conocida como 'Ley Castells'- se base en un sistema de financiación "que cubra las necesidades mínimas de las universidades" para evitar que una posible falta de financiación sea cubierta por las tasas universitarias del estudiantado, "como ocurrió en 2012 con el 'tasazo' de Wert". 

Los representantes de estudiantes han destacado "la necesidad de garantizar que no vuelva a producirse esta situación, que expulsó a miles de estudiantes de la educación superior y obligó al estudiantado y sus familias a sustentar económicamente a la Universidad". 

Por esa razón exigen también un aumento de la inversión en educación. Reivindican, en definitiva, que el aumento del gasto público se produzca en los próximos cinco años, en lugar de en los próximos diez años como propuso el departamento de Castells. Asimismo, consideran "necesaria" una inversión del 2% del PIB estatal, así como una financiación autonómica "que cubra las necesidades mínimas de las universidades, como los gastos corrientes o el personal.