Durante su comparecencia en la Junta General y a preguntas de los grupos parlamentarios, el consejero ha asegurado ver "con buenos ojos" la propuesta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) y entiende que "se debería autorizar".

Fernández, que ha insistido en que la actual situación alcista de los precios es "coyuntural" y se prevé que a partir de marzo los precios, ahora "desorbitados", caigan "considerablemente" a niveles normalizados, ha remarcado también la "tensión" que el presente escenario está generando en las empresas electrointensivas que "avisan de que no se puede mantener la situación en estos niveles".

Por ello, defiende que se autorice a las electrointensivas a realizar subastas propias de renovables para acceder a esa energía a precios en el entorno de los 25 euros megavatio y "de forma más inmediata, sin tener que esperar a 2023".

El consejero, que ha reiterado que el Gobierno asturiano no se da por "satisfecho" con el actual estatuto electrointesivo y por eso presentó alegaciones junto a Galicia y Cantabria, se mostró también partidario de desarrollar un mecanismo que reconozca los beneficios que generan los grandes consumidores al sistema y ofrezca compensaciones acordes.

Enrique Fernández ha asegurado el "contacto continuo" y la "sintonía total" entre el Principado y las grandes electrointensivas para añadir que no tiene constancia de recortes de producción en las compañías implantadas en Asturias, aunque sí ha confirmado que Asturiana de Zinc (Azsa) está desplazando la producción "de horas pico a horas valle".

Con todo, ha apostado por un modelo de transición energética justa y de la colaboración publico-privada para asumir el reto de las nuevas tecnologías vinculadas a las energías renovables.

FIJACIÓN DE POSICIONES

Desde Foro, su portavoz, Adrián Pumares, ha apuntado a la descarbonización para alertar de que los objetivos ambiciosos del gobierno español para la transición energética afecta "con especial virulencia al Principado y su industria", reclamando medidas al Gobierno asturiano para mitigar las consecuencias en el tejido empresarial de la comunidad.

Para el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha reprochado una "falta de estrategia a largo plazo" por parte del Ejecutivo autonómico, lamentando que el consejero descarte "investigar" la posibilidad de recursos petrolíferos o bolsas de gas que pueda haber en Asturias, o posicionarse sobre la energía nuclear.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha lamentado los problemas de sostenibilidad que el incremento del precio de la electricidad está generando en las pymes y grandes industrias electrointensivas, señalando que no se circunscribe a Asturias o España sino que se produce "en el conjunto de la Unión Europea". Al respecto, ha valorado las "medidas valientes" que está adoptando el Gobierno de España para rebajar el coste.

Daniel Ripa (Podemos) considera que la participación pública en el sector eléctrico resultaría clave para "evitar ser rehenes de un oligopolio que fija condiciones abusivas", aprovechando para abrir el debate sobre el futuro de Hunosa.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul, ha incidido en que Asturias fue una comunidad exportadora de energía mientras ahora se trata de asegurar su abastecimiento energético, recriminando las "ocurrencias" del Gobierno central.

El parlamentario del PP Álvaro Queipo, asimismo, ha hecho hincapié en que el "esfuerzo de unos pocos" parece tratar de compensar "la falta de diligencia, responsabilidad y compromiso" de algunos países que tiene mayores niveles de emisiones. En el ámbito estatal, el diputado del PP entiende que el Gobierno central "va más allá" de las exigencias y compromisos marcados para España.

De ese modo, Queipo entiende que así "se ha formado una tormenta perfecta" que desencadena el actual escenario de precios de la electricidad que resulta "insostenible" para la actividad industrial en territorios como Asturias. "Es el momento de que regiones como esta, como Asturias, que están siendo tan dañadas por estas decisiones energéticas" tomen la iniciativa de "plantarse ante el Gobierno de la nación" y señalar la conveniencia de negociar "una reducción de las exigencias".

Finalmente, el diputado socialista Luis Ramón Fernández Huerga ha lamentado que desde la oposición no se haya "escuchado" la información "clara y relevante" aportada por el consejero.