El juicio, por distintas causas, ha sufrido ya sendas suspensiones, una el 7 de junio y la última el 14 de septiembre pasado, si bien se espera que este martes pueda quedar vista para sentencia la demanda presentada por el representante de UGT-FICA en Castilla y León en el Comité de Empresa de la azucarera, Luis Antonio Ramos, a fin de que el traslado, que afecta a 35 de un total de 45 empleados-están excluidos ocho jubilados parcialmente, el presidente y el director general-, sea declarado nulo o injustificado.

Del resto, 28 han aceptado el traslado, bien en autobús o en su vehículo privado con un plus de kilometraje, pero tras haber renunciado a ejercer acciones legales contra la empresa, algo que UGT considera que supone una vulneración del derecho fundamental básico como es "el derecho a la tutela judicial efectiva", según informaron a Europa Press fuentes de UGT-FICA.

Para la parte demandante, la medida adoptada por ACOR es un traslado o, subsidiariamente, una modificación sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores.

La decisión de llevar a la empresa a la vía de lo social se produce después de que la representación legal de los trabajadores (RLT) recibiera el pasado día 4 de enero una comunicación de Recursos Humanos en la que se informaba de la decisión del Consejo Rector de trasladar al personal, a partir del 1 de marzo, de la sede central a instalaciones fabriles que ACOR posee en Olmedo.

El traslado afecta de forma muy importante a la plantilla, toda vez que el centro de trabajo en Olmedo se encuentra aproximadamente, por carretera nacional, a unos 40 kilómetros de distancia de las oficinas sitas en el Paseo Isabel La Católica, trayecto que, en caso de uso de vehículo particular, no baja de los de 45 minutos, lo que implica hora y media de viaje diario.