El PSOE tiene previsto impulsar, en esta legislatura, una ley integral para abolir la prostitución. La norma incluirá medidas para sancionar a los clientes. Además, los socialistas han echado tierra otra vez al debate sobre el fin de la monarquía y la instauración de la república, planteado en las enmiendas a la ponencia.

Estas medidas se han anunciado en el marco del 40 Congreso Federal del PSOE, donde se ha debatido este sábado el texto de la ponencia marco. Este texto, que renueva el proyecto político del partido, recibió 10.485 enmiendas, a las que se sumaron 280 presentadas a los estatutos del partido.

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Lo más destacado es que los socialistas impulsarán, tras aceptar una enmienda presentada por la delegación de la Comunidad Valenciana, una ley integral que suponga la abolición de la prostitución, con medidas para sancionar a los clientes.

En concreto, el texto recoge el compromiso de crear "una ley integral para la abolición de la prostitución que ha de proteger y atender a las víctimas, sancionar a los prostituidores y proxenetas y castigar todo tipo de proxenetismo".

El texto al que se ha añadido la enmienda ya estaba incluida en la ponencia, y decía que el PSOE, como partido abolicionista, debe impulsar el necesario consenso político y social que facilite la erradicación de la trata con fines de explotación sexual y la prostitución.

No al debate de la república

El otro punto destacado es que el partido ha rechazado las enmiendas que planteaban trabajar en favor de la instauración de la república en España, demanda presentada históricamente por parte de la militancia y por las Juventudes Socialistas, que pedían un referéndum para decidir el modelo de Estado.

La ponencia original del PSOE apostaba por profundizar en la transparencia de la casa real. Se añadió otro párrafo, tras un acuerdo entre los territorios impulsores de varias enmiendas, a propósito del rey emérito

"La falta de ejemplaridad que se hubiera podido producir en cualquier instancia pública comporta un daño gravísimo al funcionamiento de Estado, a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y a la calidad de nuestra democracia", dice el texto, que reitera que la Justicia ha de aplicarse de manera igual para quienes incumplan la ley.

Modelo territorial

Sobre el modelo territorial no hay novedades. El PSOE defiende en su ponencia una "España multinivel", y propone la "desconcentración" de la Administración General del Estado "a partir del traslado total o parcial de las sedes de diversos organismos a distintas ciudades del país".

Tras ser debatidas las enmiendas, se añadió una propuesta por la "cogobernanza" y combatir "la amenaza del neocentralismo" de quienes "desprecian los logros evidentes del Estado de las autonomías".

Una enmienda del PSC, que pedía que se incluyera de forma explícita la Declaración de Granada de 2013, que planteaba un nuevo pacto territorial de acento federalista, y la Declaración de Barcelona de 2017, que apostaba por una "reforma federal de la Constitución", ha sido aceptada.

Financiación autonómica

Sobre el tema de la financiación autonómica, el partido ha añadido a la ponencia la defensa de un sistema "centrado en la ciudadanía" y que considere "el coste real de prestación de los servicios".

El texto admite que el actual modelo "condena a algunos territorios a una situación de infrafinanciación", situación que les obliga a destinar un porcentaje muy elevado de sus recursos a servicios fundamentales.

LGTB+ vs feministas

Ha habido mucho debate en un tema: el uso de términos que enfrentan a parte del colectivo feminista con el LGTBI+ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, entre otros).

La ponencia mantiene los términos 'trans' y 'LGTBI+' al rechazar las enmiendas de algunas militantes feministas que proponían suplirlos por los términos 'transexual' y 'LGTBI'.

Las feministas pedían también cambiar la palabra 'género' por 'sexo', alegando que "el género es una herramienta de análisis que no tiene realidad material", ya que "es el sexo la realidad material".

Al final, se ha incluido una enmienda transaccional para que sea aceptado el uso de discriminación por sexo o por género en función de los casos concretos a los que se haga referencia.