De todos modos, ambos se han mostrado confiados en lograr avances en la negociación de las enmiendas parciales, por lo que han descartado presentar una enmienda a la totalidad, si bien han matizado que el apoyo definitivo queda "condicionado al resultado final, al cumplimiento de los derechos y los intereses generales de los canarios", según ha informado NC en nota de prensa.

Así, han admitido que el proyecto de ley inicial es "mejor" que el negociado por NC en los años 2021, 2018 y 2017 con gobiernos del PSOE y del PP, subrayando que "ni son magníficos ni catastróficos" pero son un "buen punto de partida".

En cuanto a lo que consideran que se debe modificar, Román Rodríguez citó tres aspectos "muy concretos" como la consignación de los 200 millones de euros para 2022 en cumplimiento del acuerdo para desbloquear el contencioso con la sentencia del Tribunal Supremo sobre carreteras alcanzado para las cuentas de 2021.

Añadió que en los PGE de 2021 se consignaron 100 millones de euros en la disposición adicional número 153, apuntando que "son de libre disposición" para Canarias y ahora en el año 2022 hay otros 200 millones de euros más. Sobre este punto ha avanzado que NC presentará una enmienda porque la citada cantidad ha sido colocada en el capítulo VII (transferencias de capital).

"No son inversiones territorializadas, ni se pueden contabilizar así sino de libre disposición porque así lo pactamos para 2021". apuntilló. Al respecto, ha descartado volver a abrir un proceso de negociación, siendo este uno de los asuntos que decidirá el voto final de NC, aunque ha matizado que si se quedan finalmente en el capítulo VII "ni un euro irá a carreteras porque dispone la comunidad, van a ser para las necesidades de la comunidad e irán a gasto ordinario".

Por otro lado, ha señalado que excluyendo los 200 millones de euros de la sentencia de carreteras de las inversiones territorializadas que se engloban en los capítulos VI (inversiones reales) y VII, "se cumplirán los artículos 95 y 96 del Régimen Económico y Fiscal (REF)", por lo que ha destacado que Canarias "estará por encima de la media del Estado en inversiones territorializadas en infraestructuras".

Sobre el límite del 15 por ciento en el impuesto de Sociedades, Rodríguez se mostró de acuerdo "si se excluye" a Canarias, apuntando que la voluntad política del Gobierno central está en el proyecto de ley pero "la redacción dada para excluir a las figuras fiscales del REF del citado límite no" les gusta, ya que entiende que "es mejorable", por lo que ha indicado que se hará con las enmiendas.

Asimismo, entiende que las "grandes magnitudes" del Régimen Económico y Fiscal (REF) están pero "faltan unos cuatro o cinco, importantes cualitativamente aunque de menor relevancia económica" como las partidas para las dos universidades públicas y los seguros agrarios, entre otras, dijo.

Rodríguez ha admitido que de la agenda canaria "lo sustancial está pero no" se conforman.

LA PALMA

Por otro lado, al ser cuestionado Rodríguez por su condición de vicepresidente y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias sobre el Proyecto de Ley de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2022 y La Palma, ha indicado que recogerá un crédito "ampliable" de 100 millones de euros para la reconstrucción de los daños causados por la erupción aún activa, después de 27 días, del volcán Cumbre Vieja en La Palma.

"Un crédito que se ampliará hasta donde haga falta", apostilló para agregar que el Gobierno canario "ayudará a reparar y reconstruir la comarca dañada y la isla". Una partida para la fase de la reconstrucción que se propondrá que también se incluya en las cuentas de 2023.

Añadió que en una primera fase de emergencia se han arbitrado ayudas para vivienda, necesidades básicas y ventajas fiscales, que se ampliarán en los presupuestos de 2022 a través de rebajas en el tramo canario del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El proyecto de ley, dijo, se prevé registrar en el Parlamento el próximo 29 de octubre y rondará los 9.000 millones de euros de gasto no financiero, un 5,5 por ciento o 6 por ciento de incremento sobre las cuentas de 2021 en vigor, y se centrarán en los grandes servicios públicos sanitarios, educativos y servicios sociales pero mantendrán políticas económicas, "mejorarán las sectoriales y aumentarán, de forma significativa", las inversiones por ser fundamentales para "tirar" del consumo, del empleo y la recuperación económica.