El delegado de Hacienda, Félix Romero, ha comparado las tasas marbellíes con la de otras localidades malagueñas, como las urbanísticas, que, ha explicado, se encuentra en Marbella entre el 0,3 y el 0,7 por ciento frente al 1,1 por ciento de Estepona, el 2,7 por ciento de Torremolinos y el 3 por ciento de Mijas.

"También ocurre en el IBI urbano, ya que mientras aquí se encuentra en el índice del 0,631, en lugares como Estepona se sitúa en el 0,662, en Torremolinos, en el 0,75 y en Mijas, en el 0,724", ha indicado.

"Bajo ningún concepto vamos a subir los tributos a nuestros ciudadanos. Si bien esta medida podría solucionar nuestros problemas de deuda heredada, entendemos que no es compatible con la recuperación que tenemos que impulsar tras la pandemia", ha agregado el edil.

Ha señalado que Marbella es el municipio de la comarca malagueña de la Costa del Sol "con menor presión fiscal, con los grandes impuestos municipales más bajos de las ciudades de nuestro entorno", al tiempo que ha añadido que "por tanto, tendríamos margen para optar por esta medida, pero no queremos porque nuestra seña de identidad siempre ha sido la de no recurrir a la opción fácil de subir los tributos".

Ha reiterado también el rechazo del equipo de Gobierno a la propuesta del Gobierno central de gravar con un 150 por ciento el IBI de las segundas residencias.

"Con esta medida se solucionarían todos nuestros contratiempos económicos a corto plazo ya que más de la mitad de nuestras viviendas son de esta tipología, lo que podría triplicar la recaudación por este tributo en nuestro municipio", ha manifestado el edil, pero "estaríamos ocasionando un daño irreparable a la ciudad, cortando las posibilidades de crecimiento y ahuyentando a los titulares de estos inmuebles, que invertirían en otras localidades".

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES

El Pleno ha dado también luz verde a una propuesta de modificación presupuestaria para hacer frente al pago de cerca de 4,4 millones de euros de sentencias judiciales en el ámbito de Personal.

Romero ha recordado que esta situación, unida a las deudas firmes generadas en la época GIL, "nos colocó en la tesitura de estructurar desde nuestro departamento económico estos pagos para garantizar la viabilidad del Ayuntamiento, sin restar servicios, ni subir impuestos ni afectar a la plantilla municipal".

"Realizamos un trabajo ingente para detectar y contabilizar todo lo pendiente tanto de Asesoría Jurídica como de la delegación de Recursos Humanos, llevando a cabo una planificación, que incluía en primer lugar el pago de 43 millones de euros a través del mecanismo del Fondo de Reordenación y, posteriormente, afrontar la liquidación de deudas por sentencias en la otra área citada, que es lo que hemos traído hoy a Pleno", ha explicado.

Por su parte, el edil del PSOE José Bernal ha indicado que el dinero para el pago de las sentencias se ha traspasado desde delegaciones como Derechos Sociales o formación, y que, ha añadido, irán al capítulo de Personal para cubrir las sentencias de trabajadores. "Son, fundamentalmente, personas contratadas previamente a la celebración de las elecciones municipales" de 2019, ha apuntado.

"El Ayuntamiento se encuentra en una situación insostenible debido a la gestión del Partido Popular. Esta nefasta gestión económica de la alcaldesa tendrá consecuencias en áreas estratégicas", ha apuntado.