En rueda de prensa, Villalobos ha reaccionado ante el proyecto de nuevos presupuestos generales del Estado, en los que en el caso de la SE-40 destacan en especial 15,3 millones para el tramo comprendido entre Espartinas y Valencina de la Concepción y otros 15 millones para el tramo comprendido entre Valencina y Salteras; figurando en paralelo 4,3 millones para la obra de transformación en autovía del tramo de la antigua carretera N-IV comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, en un contexto en el que se reclama que dicho proyecto sea prolongado a todo el trazado de la vía hasta Jerez de la Frontera (Cádiz).

La ampliación de la calzada de la autovía A-49 con un tercer carril por sentido, de otro lado, cuenta este año con sólo 400.000 euros.

LAS "REIVINDICACIONES" PROVINCIALES

Ante este escenario, Villalobos ha valorado las partidas asignadas a actuaciones "de calado" como las ya mencionadas, razonando que los presupuestos generales del Estado "casi siempre se quedan cortos fruto de las reivindicaciones que permanentemente" esgrimen las provincias en demanda de actuaciones y mejoras.

En cualquier caso, ha defendido la "clara y manifiesta sensibilidad" del Gobierno central en materia de inversiones, al haber suspendido para 2020 y 2021 las reglas fiscales que pesan sobre las administraciones locales, haciendo "posible emerger miles de millones de euros" acumulados por las mismas en los últimos años en concepto de remanentes, para su uso como inversiones.

"Eso lo valoro mucho. A veces más que esas partidas" asignadas a los grandes proyectos, ha reflexionado el presidente, llamando a "seguir reivindicando" inversiones estatales, "sea al gobierno que sea".

LA PROPUESTA INICIAL

La suspensión de tales reglas fiscales, recordémoslo, fue decidida por el Gobierno central tras no convalidar el Congreso de los Diputados su proyecto inicial de mecanismo para el uso de los remanentes acumulados por las entidades locales.

Dicho mecanismo, de adhesión voluntaria por parte de ayuntamientos y diputaciones, consistía en que tales entidades cediesen sus remanentes de tesorería a la Administración General del Estado a modo de préstamo, tras lo cual se les realizaría un ingreso de al menos el 35% de la cuantía aportada como préstamo en cada caso, con un fondo máximo de 5.000 millones de euros para satisfacer las devoluciones iniciales a las entidades locales que participasen,mientras en diez años a contar desde 2022 les sería devuelta la cuantía completa.