En un auto fechado el pasado 8 de octubre, difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recogido por Europa Press, el juez Vilaplana acuerda seguir las actuaciones por el procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación contra los directivos de la citada empresa Joaquín J.D. y Félix R.P.; contra Manuel M.R. como presidente del comité de empresa y contra los exmiembros de la consultora Vitalia Jesús María Bordallo y Antonio Albarracín, procesados estos dos últimos en otras piezas separadas de esta macrocausa.

Además, el auto abarca a las entidades Siemens Metering (Landis & Gyr S.A.U.) y Vitalia en calidad de responsables civiles subsidiarias.

LA SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO

El instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero -fallecido en octubre de 2020 víctima de una neumonía-, pues "ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta", siguiendo así el criterio "a tal efecto establecido" por la Sección Séptima de la Audiencia mediante auto de 7 de junio de 2019 donde confirma la exclusión en esta causa de Francisco Javier Guerrero.

Alude así el juez a la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla correspondiente al procedimiento específico a través del cual la Junta de Andalucía financiaba sus subvenciones autonómicas para prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo presuntamente fraudulentos o innecesarios y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas, una resolución que condena a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, entre ellos los exconsejeros Viera y Antonio Fernández, toda vez que dicha sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

Esta pieza separada, en cualquier caso, gira en torno al presunto carácter "arbitrario" e ilícito de una ayuda por importe de 1.524.718,97 euros concedida por la Administración andaluza para un seguro de prejubilación de los trabajadores afectados por el ERE promovido en 2012 por Siemens Metering.

AYUDA "INJUSTA Y ARBITRARIA"

Una vez más, el juez instructor considera que estas ayudas "carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad", a lo que se suma que se concedieron por el correspondiente director general de Trabajo "sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda (...), sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos".

Asimismo, según agrega el magistrado, "los hechos delictivos por los que se procede aparecen vinculados con la disposición arbitraria de fondos para el pago de unos supuestos servicios de Vitalia documentados en factura de dicha consultora, por importe de 67.744 euros".

Los directivos y el presidente del comité de empresa de Siemens Metering, según el juez, "habrían resultado participes de los hechos investigados en la ilícita conducta objeto de las presentes actuaciones, cooperando activamente en la arbitraria disposición de fondos realizada y en la contratación de una póliza de seguros sin seguir ningún principio de publicidad y concurrencia; asumiendo con los responsables de la Consejería de Empleo el 'plus' de desvalor que supone la actuación netamente contraria al servicio objetivo de la legalidad y de los intereses generales que supone la concesión irregular de la correspondiente 'subvención' por parte de aquéllos, autores materiales del hecho antijurídico, de la decisión final prevaricadora".

DESCARTA "DESCONOCIMIENTO"

Estos tres acusados, según Vilaplana, "no pueden pretender justificar su desconocimiento sobre la ilicitud de las subvenciones concedidas y su confianza en la correcta actuación de la Administración concedente y de sus responsables, cuando dicha ilicitud se fundamenta en una patente y grosera arbitrariedad, tal y como concurre el supuesto de autos".

Igualmente, el juez señala la "especial participación" de los entonces miembros de Vitalia "para instrumentalizar la ilícita concesión y pago de las ayudas concedidas", siendo además suscritas las pólizas de seguro de rentas de la sprejubilaciones "mediante la intervención de los referidos responsables de Vitalia, con notables irregularidades" y pesando la "disposición arbitraria de fondos" públicos para el pago de una factura de 67.744 euros a la mencionada consultora.