En una vista celebrada este miércoles en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo, el acusado ha relatado que solicitó comenzar las obras en 1999 y que, tras informarle la constructora y un técnico municipal de que el proyecto "cumplía la normativa", procedió al abono de las tasas correspondientes al Ayuntamiento.

Además, el promotor de la obra y propietario de la parcela en la que se llevó a cabo ha señalado que contrató a una constructora que llevó a cabo las obras hasta que recibió una orden de paralización de las mismas en 2015. Aunque ha reconocido que se edificó una planta más de las reflejadas en el proyecto, ha remarcado que se procedió a la demolición de la casa en 2016, dentro del plazo de tres meses establecido por la administración.

Precisamente, el que fuera vigilante de vías y obras municipales en esa fecha ha apuntado que comprobó que la edificación había sido demolida.

Por su parte, el representante legal de la constructora, que también ha comparecido como acusado de un delito contra la ordenación del territorio, ha afirmado que la empresa abandonó los trabajos tras recibirse una orden de paralización de los mismos en 2009. Además, dos antiguos trabajadores de la empresa han declarado en calidad de testigos que esta constructora no continuó las obras después de esa fecha.

TESTIGOS

Adicionalmente, un técnico municipal que ha comparecido como testigo ha afirmado que las obras se detuvieron después del primer requerimiento, pero ha apuntado que al realizar una segunda visita comprobó que se habían retomado.

La aparejadora del Ayuntamiento ha relatado que en 2009 elaboró un informe ante una posible infracción urbanística debido a que "no se podía construir" en la zona en la que se llevaba a cabo la obra y a que esta "no tenía licencia".

La inspectora que ha comparecido como perito ha detallado que los trabajos carecían de "autorización urbanística" por parte de la Xunta y ha insistido en que no podía darse luz verde a su ejecución debido a que la parcela en la que se llevaban a cabo estaba catalogada como suelo no urbanizable. También ha indicado que el Ayuntamiento informó de que el proyecto carecía de licencia.

RETIRADA DE ACUSACIÓN

Tras las declaraciones, la Fiscalía ha retirado la acusación contra el constructor al considerar que no se ha probado que continuase los trabajos después de la orden de paralización trasladada en 2009.

Mientras, ha reclamado que el promotor sea condenado a nueve meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y ha contemplado la atenuante de reparación del daño por la demolición de la edificación. Asimismo, ha pedido que se le imponga el pago de una multa durante seis meses y que sea inhabilitado para ejercer oficio o profesión relacionado con la promoción y la construcción durante el mismo periodo.

La defensa de J.G.B. ha subrayado que las obras comenzaron entre finales de 1999 y principios del año 2000 y ha pedido la libre absolución de este hombre al concluir que la licencia debía considerarse otorgada por silencio administrativo de acuerdo con la normativa vigente en ese momento.