La asociación ha considerado "fundamental ver si en el contrato consta una fecha o plazo de entrega". El concesionario debería entregar el vehículo dentro de estos plazos, de lo contrario el consumidor "podrá reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que ha provocado el retraso". "En última instancia, si, tras ser advertido, el vendedor no cumple con los plazos de entrega, el consumidor podrá solicitar la resolución del contrato", ha apuntado en una nota.

Irache ha recomendado que en el propio contrato se hagan constar las consecuencias de un hipotético incumplimiento de los plazos de entrega. En todo caso, la ley de consumidores indica que todo bien deberá entregarse "sin ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales" desde la firma del contrato. La normativa también señala que, en caso de incumplimiento del plazo, el consumidor emplazará al vendedor para que entregue el producto en un plazo adicional "adecuado a las circunstancias" o, de lo contrario, tendrá derecho a resolver el contrato.

Asimismo, la regulación precisa que cuando la entrega en plazo sea "esencial" y así se haya hecho saber al vendedor, el consumidor "tendrá derecho a resolver el contrato desde el mismo momento del incumplimiento". De esta manera, el concesionario deberá devolver toda la cantidad que haya pagado el consumidor y será el vendedor quien deberá demostrar que entregó el vehículo dentro del plazo, ha explicado Irache.

La asociación ha recomendado comunicar "de inmediato y de forma fehaciente" al concesionario que se ha incumplido el plazo de entrega que consta en el contrato. A partir de ahí, "darle un plazo razonable para que entregue el vehículo y señalar que, de no cumplirse, se optará, bien por una compensación por los perjuicios producidos por el retraso, bien directamente por la resolución del contrato y la devolución del dinero".

Irache ha indicado, además, que suele ser habitual que el consumidor comience a pagar parte del precio antes de tener el coche entre sus manos, en ocasiones a modo de señal. En este sentido, ha apuntado que este adelanto no permitirá al comprador "echarse atrás en la compra del coche -a cambio de perder lo pagado- salvo que lo ponga expresamente en el contrato firmado o así lo admita el concesionario".

Por otro lado, ha advertido de que las cláusulas de algunos contratos de compra de coches abren la puerta a un encarecimiento del precio pactado "por causas ajenas al vendedor". "Se tratan de cláusulas abusivas ya que el consumidor tiene derecho a pagar el dinero plasmado en el contrato", ha subrayado.

En la misma línea, también se han visto condiciones que "pretenden permitir que, en virtud del tiempo transcurrido entre la firma y la entrega efectiva del coche, el concesionario baje el precio que había ofrecido en el contrato por el coche usado del comprador".

Igualmente, ha incidido en la importancia de que en el contrato, además del precio, se detallen "todas las características del vehículo de la forma más precisa posible".

Finalmente, Irache ha afirmado que algunos concesionarios están calificando los retrasos en las entregas por la falta de microchips y de otros materiales necesarios para fabricar los vehículos como "causa de fuerza mayor para denegar cualquier reclamación del consumidor". No obstante, para la asociación "es discutible que actualmente estas circunstancias sean absolutamente imprevisibles e inevitables y que sea el consumidor quien tenga que pagar sus consecuencias con meses de espera sin ninguna compensación".