En el texto, consultado por Europa Press, se precisa que la erupción volcánica iniciada el pasado 19 de septiembre "ha vuelto a poner a prueba la capacidad de gestión" de los ayuntamientos, "las administraciones más pegadas a la ciudadanía", recordando el esfuerzo "titánico" realizado por dichos desde hace año y medio debido a la COVID-19.

Así, recuerdan el incremento de gastos en competencias "propias e impropias" de los ayuntamientos, que han tenido que movilizar recursos en materia de servicios sociales y coberturas de ayudas al acceso a una vivienda, alimentos, refuerzos de limpieza y desinfección, etcétera.

Ahora, los municipios palmeros afectados por el volcán Cumbre Vieja suman "un esfuerzo aún mayor, casi desesperado, ante los efectos de una catástrofe natural que se lleva por delante viviendas, infraestructuras y dotaciones públicas".

Por tanto, la portavoz y viceportavoz del grupo de izquierdas, Teresa Sánchez y Maribel González, respectivamente, entienden que es "también necesario articular de manera urgente mecanismos de solidaridad para con los municipios afectados", de manera que puedan soportar los incrementos de gasto en actuaciones públicas de todo tipo, entre las que han citado, además de servicios sociales, de limpieza viaria, reparación de infraestructuras, garantía de potabilización de agua, alojamiento de familias, etcétera".

Para ello, consideran que los recursos económicos fruto de la solidaridad de otros ayuntamientos e instituciones "es un recurso que, por inmediato, se antoja indispensable para estos momentos".

"Mientras se decretan las declaraciones de Zona Catastrófica y se delimitan las partidas económicas generales desde las instituciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, urge articular ayudas inmediatas a los municipios para soportar los gastos más urgentes sin que ello signifique un golpe brutal a los ya exiguos recursos financieros municipales", sostienen las diputadas provinciales malagueñas.

A su juicio, la Diputación de Málaga tiene que "recoger el guante" de la junta de gobierno de la FEMP del pasado 28 de septiembre, donde se manifestó "la predisposición y el apoyo necesario a cuantas actuaciones de coordinación puedan favorecer la implementación del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma anunciado por el Gobierno."

En este sentido, las dirigentes de la coalición pedirán que la institución malagueña inste al Gobierno, en colaboración con la propia FEMP, a realizar una propuesta de donaciones voluntarias por parte de los municipios en base a aportaciones económicas por tramos de población y a plantear una propuesta de reparto de los mismos con criterios de proporcionalidad entre los municipios afectados.

También, que la Diputación de Málaga reclame a los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública a la dotación urgente de un fondo para compensar económicamente los gastos generados en las administraciones locales por la catástrofe así como garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Por último, las diputadas de IU y Podemos reclaman que la Diputación pida a la FEMP elaborar una circular donde figuren las cuentas habilitadas por los ayuntamientos canarios afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja y distribuirla entre todos los consistorios españoles para realizar aportaciones urgentes de solidaridad intermunicipalista.

SOLIDARIDAD CON UNA ACTIVISTA SAHARAUI

Por otro lado, Sánchez y González presentan una moción en la Comisión de Ciudadanía de la institución malagueña para que inste al Gobierno a actuar "con carácter de urgencia ante la UE y la ONU" para la protección de la actividad saharaui Sultana Jaya y a su familia, "en serio peligro y que siguen viviendo asediadas, aisladas y confinadas por las fuerzas de ocupación marroquíes".

También solicitan que la institución malagueña inste al Estado "a cumplir con sus responsabilidades como potencia administradora y, en particular, que garantice la protección de la activista", además de exigir al Gobierno de Marruecos "el respeto del Derecho Internacional Humanitario".

Por último, piden que se reclame tanto al Gobierno como a la ONU que envíen, "de manera urgente" una comisión médica internacional a la ciudad de Bojador para asistir y atender a la activista y su familia "ante esta flagrante violación de los derechos humanos".

"Sultana y su familia están siendo sometidos a maltratos físicos y psicológicos para que cesen en sus reivindicaciones pacíficas a favor de la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui", finaliza la coalición de izquierdas en esta moción.