El expediente tramitado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) asume la competencia exclusiva sobre el fomento y ordenación de la economía social por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía tras su reforma en 2018 en el marco específico, además, de la necesaria recuperación del tejido productivo mediante el Plan Reactiva frente a la pandemia de COVID-19.

Tras pronunciarse a favor del proyecto de ley a finales de junio, el Gobierno incorpora ahora en su totalidad las diversas observaciones del Consejo Consultivo de Canarias para reparar el puntual solapamiento con la competencia básica de rango estatal, aunque el dictamen preceptivo del órgano independiente valora de manera favorable la nueva norma al concluir que se adecúa a los parámetros constitucionales y estatutarios.

Desde la aprobación del anteproyecto a mediados de 2020, la Ley de Economía Social también incluye más de medio centenar de las observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores afectados y los diferentes departamentos de la administración autonómica mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos.

Además de dotar al sector de una regulación propia en sintonía con la realidad autonómica y fomentar su consolidación, expansión y ordenación de manera más unificada y específica, la Ley de Economía Social de Canarias se presenta como una herramienta de impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado con el medio ambiente y pretende tanto aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral como constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento en el archipiélago, con las personas como protagonistas a las personas.

Estructurado en cuatro capítulos, el proyecto de Ley de Economía Social de Canarias se compone de 18 artículos, además de una disposición adicional, otra derogatoria y dos finales.