En un auto con fecha del 30 de septiembre y del que ha informado este jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el magistrado entiende que hay "indicios de delito" en la concesión del servicio de la grúa por parte del Ayuntamiento de Lugo a la empresa asturiana Cechalva, en 2005, así como de la existencia de una Caja B en la compañía para realizar los pagos pactados por haber conseguido la adjudicación del servicio.

En concreto, el instructor ha ordenado que la causa se siga contra 13 personas, entre ellas el expresidente de la CHMS y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo, por si los hechos que se le imputan fuesen constitutivos, entre otros, de delitos de cohecho, violación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

Entre los otros 12 investigados se incluye su mujer y varios empresarios. Respecto al resto de investigados, el instructor ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa.

El magistrado acuerda en el auto, contra el que cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo, dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan pedir, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.

El propio juez señala la extensión "fuera de lo común" de este procedimiento de "gran complejidad", con un caso que se aproxima a los 170.000 folios y con multiplicidad de hechos acumulados en los más de 10 años que van desde que lo pusiera en marcha la jueza Pilar de Lara. Una duración que también ve "fuera de lo común".

PRIMERA TRAMA, LA ADJUDICACIÓN DE LA GRÚA

En el documento, el juez asegura que desde que el Ayuntamiento de Lugo inició las gestiones internas para la licitación del contrato, los investigados "conocieron de forma ilegal, antes que ningún otro eventual licitador, información relevante sobre el procedimiento".

En concreto, entiende que "todas las irregularidades e incumplimientos previos, coetáneos y posteriores a la adjudicación del contrato a la empresa Cechalva fueron consentidos, precisamente, por el acuerdo que tenía la empresa con el teniente de alcalde" -Francisco Liñares-, quien era "conocedor de la trama", tenía capacidad decisoria sobre la concesión y reveló datos para favorecer a la empresa, de la que presuntamente obtenía "importantes cantidades económicas como contraprestación, así como participación camuflada a través de testaferros".

Por ello, considera que los hechos referentes a la adjudicación de la grúa podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, violación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. De ellos, serían responsables, además del primer teniente de alcalde, tres socios de la empresa (J.P.C.E., J.L.A.A. y M.S.G.); D.A.L., también socio y presunto testaferro del teniente de alcalde; y J.M.R., a quien el juez atribuye ser el "enlace" entre Cechalva y el político implicado.

COMISIÓN DE 2.000 EUROS

En el auto, el magistrado sostiene que hay indicios de que los socios de la compañía "se comprometieron a abonar en efectivo la cantidad de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades del Ayuntamiento de Lugo como gratificación por la adjudicación del servicio de grúa".

Si bien el juez afirma que J.M.R. les hizo creer que ese dinero iría destinado al alcalde, en realidad, "se entregaba en efectivo a J.M.R., que era el encargado, a su vez, de dárselo en mano al teniente de alcalde, hasta 2009, y, desde 2009, presidente de la CHMS". Precisamente, en septiembre de 2028, la Audiencia Provincial de Lugo acordó el "sobreseimiento" de la pieza de la grúa contra el exalcalde de la ciudad, José López Orozco.

En total, pagaron de la Caja B de la empresa, según indica el juez, 2.000 euros al mes durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y los primeros siete meses de 2010, lo que supone un total de 110.000 euros. Además, el instructor indica que los investigados crearon dos contabilidades con el objetivo de disponer de dinero en efectivo con el que hacer frente a esos pagos.

El objetivo, según el magistrado, era "generar cantidades de dinero que quedaran al margen del ciclo tributario, mediante la creación de facturas ficticias o la contabilización indebida de otras facturas" y lograr obtener beneficios fiscales. Para ello, conforme a los informes de la Unidad de Vigilancia Aduanera, los imputados, socios de Cechalva, contaban con la colaboración de algunas empresas y profesionales que les suministraban facturas falsas.

El juez considera, en este caso, los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho, en el que habrían participado F.F.L., J.M.R., M.S.G., J.L.A., J.P.C. y D.A. Además, aprecia un posible delito contable continuado, en el que tendría participación Cechalva, los socios de la empresa y otros dos investigados; y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, cometido por todos ellos y en el que habrían colaborado otras dos personas investigadas.

El juez también entiende que todos los investigados podrían haber incurrido en un delito de estafa por constituir facturas falsas que motivaron que el Ayuntamiento tuviese que pagar a la adjudicataria de la grúa cantidades superiores a las que le corresponderían.

FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD FALSAS

Por otra parte, el auto señala que uno de los socios de Cechalva, (M.S.G), "llevó a cabo comportamientos contables muy similares a los de la concesionaria" a través de una constructora. Por ello, el juez considera que pudo haber incurrido en un delito contable y en otro de falsedad en documento mercantil.

Además, M.S.G. podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa, al igual que uno de los funcionarios investigados, en relación con la adjudicación de obras públicas de saneamiento.

BLANQUEO

El juez considera, asimismo, que existen indicios de que, entre los días 4 y 5 de junio del año 2012, el presidente de la CHMS, "con la finalidad de ocultar el origen ilícito de sus ganancias así obtenidas", ingresó en cuentas dinero "que había recibido sin justificación por parte de empresarios y sociedades, durante el tiempo que desempeñó el cargo de concejal y presidente de este organismo, a cambio de la adjudicación de diferentes contratos públicos".

El instructor también asegura que existen indicios de que el investigado Francisco Liñares; su esposa y un empresario (M.G.G.), a sabiendas del origen ilícito de esos ingresos, "no solo se beneficiaron, sino que llevaron a cabo determinadas operaciones tendentes a introducirlos en el tráfico jurídico de forma aparentemente regular, como la adquisición de inmuebles, participación en sociedades y otras, realizándose multitud de operaciones en efectivo". Todo ello sería constitutivo, según el instructor, de un delito de blanqueo de capitales.

Además, indica que consta indiciariamente acreditado que elpresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, en abril de 2009,recibió de un empresario (M.G.G.) un reloj valorado en 4.000 euros, un hecho que podría ser constitutivo de un delito de cohecho.