Así, desde este colectivo reclaman a los titulares de dichas carteras -María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Manuel Castells- "la autorización, de una vez por todas, para que se haga efectivo el convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas".

En la misiva, los firmantes recuerdan que las condiciones laborales y salariales del PDI Asociado son "indignas y miserables (en el sentido etimológico de la palabra) y reclaman que el convenio de universidades, que fue presentado a cuatro días de las elecciones generales del 2019 y de las autonómicas valencianas de aquel año, continúe sin aplicarse".

Calculan que esto se traduce en que el profesorado asociado "ha dejado de percibir, en estos tres años y medio (desde la finalización de la huelga indefinida del 2018, con un acuerdo con la UV, más los aumentos retributivos que suponían el convenio colectivo), las cantidades siguientes: contrato de 6+6 (18 créditos) 5.919,22 euros; contrato de 5+5 (15 créditos) 4.932,52€; contrato de 4+4 (12 créditos) 3.945,20€; contrato de 3+3 (9 créditos) 2.959,27€".

La carta va acompañada de las misiva que se han cruzado entre las conselleries de Hacienda y Modelo Económico y de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad y los ministerios de Universidades y de Hacienda.

Además, se adjunta la respuesta de la consellera de Universidades, Carolina Pascual, a la queja presentada ante el Síndic de Greuges por integrantes del colectivo del profesorado asociado donde explica que la Generalitat ha consignado en los ejercicios presupuestarios de 2019, 2020 y 2021 las cantidades necesarias para hacer frente al pago de los aumentos retributivos que contempla el convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas.