El texto de la PNL exige también mecanismos de control y iniciativas para promover el descenso de los precios tanto en los contratos en vigor como en los contratos futuros.

El diputado de Unidas Podemos, Pablo Jiménez, impulsor de la iniciativa, ha defendido que la iniciativa sigue recomendaciones de las Naciones Unidas que deben adecuarse a los marcos estatal y autonómico y ha negado que se esté atacando a los pequeños propietarios.

Por parte del PP, el diputado Sebastià Sagreras, ha advertido que la propuesta es un ataque a la propiedad privada y ha criticado la incapacidad del Govern para incrementar la oferta de viviendas públicas.

En la misma línea, el diputado de Cs Marc Pérez-Ribas, ha advertido que la regulación perjudicará especialmente a los jóvenes y a los pequeños propietarios.

Para el diputado de Vox Sergio Rodríguez, iniciativas similares en otros países, "se han demostrado absolutamente ineficaces" que han reducido la oferta de alquileres y ha criticado el "comunismo de vía estrecha de Unidas Podemos".

Por parte de El PI, la diputada Maria Antònia Sureda ha reclamado garantías para intervenir a los grandes propietarios y ha defendido que avales por parte del Govern facilitarían una mayor oferta de alquileres que harían innecesaria la regulación.

El diputado de MÉS per Mallorca Joan Mas ha defendido que el objetivo es que todas las familias puedan tener acceso a la vivienda, el problema más grave actualmente, y ha recordado que el mercado está siendo incapaz de regular los precios por lo que "hay que hacer lo que sea".

La diputada del Grupo Mixto Patrícia Font, por su parte, ha reclamado más competencias por parte de las autonomías para introducir regímenes de contención o moderación de precios, mientras que el diputado del PSIB Joan Ferrer ha argumentado que las actuales políticas están siendo insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda.