Tres años. Es el plazo que se fija la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, para poner fin a los realojos de la Cañada Real. Una operación para la que pide un "impulso" a todas las administraciones, reactivando el pacto que firmaron en 2017 y que desde entonces está dando frutos a una velocidad menor de la que sería deseable.

Así se lo ha comentado este martes la delegada en una reunión en la Real Casa de Correos, la primera, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde ha asegurado haber encontrado "mucha receptividad" y "buena disposición" del Gobierno regional para terminar con este problema.

González ha indicado que todo el proceso costará "200 millones de euros aproximadamente, que con la implicación y la determinación política de todos podríamos abordar en el medio plazo". Y que este dinero podría llegar de varios frentes: no sólo de Comunidad y de los ayuntamientos afectados, sino también con contribuciones de los fondos europeos, y del Gobierno central. Por ejemplo, señala que el Ministerio de Derechos Sociales estaría dispuesta a colaborar con cinco millones de euros. Y el de Transporte y Vivienda también contribuiría con sus programas de realojos.

Esta "primera reunión, espero que primera de muchas más" ha demostrado, según ha señalado la delegada del Gobierno, que Ayuso y ella están "condenadas a entenderse". Además, ha adelantado que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid van a firmar un convenio para el realojo de 160 familias, continuación de otro que ya se ha puesto en marcha. Y que habrá también otro convenio de este tipo con el municipio de Rivas.

"Estamos en el momento adecuado, nos quedan dos años de gobierno. Vamos a darle entre todos un impulso definitivo, que a este ritmo podemos alargarnos 30 años. Y pongamos que en tres años podamos tener aniquilada la política de realojos", ha sostenido la representante del Gobierno central en Madrid.

La Comunidad cree que "es posible"

Durante el encuentro, en el que también ha estado presente el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha considerado que "es posible" desmantelar la Cañada en tres años, siempre y cuando lleguen los fondos europeos al Gobierno regional y los ayuntamientos afectados y la Policía Nacional acaben con la delincuencia en esa zona.

"Es posible, ojalá, pero va a exigir un gran esfuerzo por parte de todas las administraciones y muy bienvenido será que por parte del Gobierno de España se ponga a disposición de la Comunidad y de los ayuntamientos esos fondos para las viviendas de los realojados", ha manifestado López.

Asimismo, ha sostenido que la solución del desmantelamiento del sector VI ya se rubricó en el Pacto de la Cañada firmado en 2017 y que el Ayuntamiento de Madrid está haciendo "un gran esfuerzo" con un convenio para realojar a 150 familias y ahora otro para entre 150 y 200 familias.

Un año sin luz en la Cañada

La delegada también ha recordado que la mayoría de los habitantes de la antigua vía pecuaria llevan un año sin luz. "Nos enfrentamos a otro otoño-invierno sin luz en el sector 6, con 1.800 menores. A pesar de que en torno a 400 familias tienen paneles solares, en los meses en los que nos adentramos éstos no serán suficientes", ha apuntado.

"Esta Delegación lleva 11 meses con un Plan de Choque, que se ha convertido en permanente, para el desmantelamiento de las plantaciones ilegales, pero esto no es suficiente, ya que el sector 6 sigue sin luz", ha añadido.

Macrobotellones

Respecto a los problemas que están surgiendo en Madrid cada fin de semana con los botellones, González ha mostrado su preocupación y ha apuntado que ya se están tomando medidas. Por ejemplo, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico está "elaborando una campaña de concienciación" para que los jóvenes no hagan uso de parques, y recordando que el botellón está prohibido desde hace 20 años en la Comunidad de Madrid.

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También ha recordado un dato de interés: de los 10.000 asistentes al macrobotellón de este pasado fin de semana en el Parque del Oeste, "unos 200 son los que causaron problemas". Recuerda que hay un porcentaje pequeño de jóvenes que van a estos actos "porque encuentran allí una ventana para cometer delitos como el robo de móviles y otros".

Ante el próximo puente del 12 de octubre -con fiestas populares que casi todos los años han sufrido problemas de seguridad en Madrid-, la delegada ha adelantado que este mismo martes, los responsables de Policía Nacional y Policía Municipal de Madrid han mantenido una reunión para preparar el operativo especial de las "siempre complicadas fiestas del Pilar".

Por su parte, el consejero de Justicia ha pedido este martes a la Delegación del Gobierno más efectivos y un "apoyo decidido" de la Policía Nacional en la lucha contra los macrobotellones y los episodios de delincuencia que se están produciendo en algunos de ellos.

"Sobre botellones, se está coordinando la Policía Nacional con la Local. El peso lo está llevando el Ayuntamiento de Madrid pero requiere de un apoyo decidido por parte de la Policía Nacional porque en los botellones, además del problema que generan desde el punto de vista del orden público como consecuencia de grandes aglomeraciones incumpliendo la ley, se están produciendo de manera minoritaria pero no menos significativa momentos de delincuencia organizada que están provocando delitos contra la libertad y la propiedad", ha indicado.

Durante la reunión con la delegada del Gobierno, el consejero también le ha solicitado un mayor número de dotaciones de Guardia Civil en la zona rural de Madrid, el mantenimiento de los cuartales que en estos momentos existen y su mejora porque "Madrid en su ámbito rural también merece que haya seguridad y esto pasa por mantener y reforzar las agrupaciones de Guardia Civil en la zona".

Otros asuntos

Por otro lado, la delegada del Gobierno también ha requerido a la Comunidad de Madrid que firme el protocolo de adhesión al Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento integral de los casos de violencia de género), que ha resultado "clave en la protección de estas víctimas". Desde su puesta en marcha, ha recordado, ha dado protección a más de 639.000 mujeres, mientras que en la Comunidad madrileña existían en la actualidad casi 9.000 casos activos.

Asimismo, la Delegación del Gobierno ha planteado la renovación del convenio de colaboración para la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la Prestación del Servicio de Atención de Urgencias 112, que expiró hace dos años.