La vista, convocada a las 11.00 horas, ha terminado sin acuerdo entre las partes por lo que deberá celebrarse el juicio.

Antes del acto, la abogada de la defensa, Beatriz Fernández, ya ha anticipado que no veían viable un acuerdo por la pena "excesiva" que se pedía -tres años de cárcel tanto por parte de Fiscalía como la acusación particular- y por la nulidad del estado de alarma. Además, ha negado que el acusado fuera quien difundió el vídeo en redes sociales.

Por su parte, el portavoz nacional de Jupol, Pablo Pérez, ha defendido que la intervención de los policías fue "perfecta" e "impecable", y ha asegurado que la difusión del vídeo permite identificar a los agentes y eso supone un peligro para ellos -por la "agresividad" de ciertos colectivos hacia la Policía Nacional, ha precisado-. Por ello, ha sostenido que la pena de tres años de cárcel no es desproporcionada.

Paralelamente, el portavoz de Jupol en Baleares, Chechu Enrique, ha defendido que los policías accedieron al domicilio con la autorización del dueño y ha resaltado que la salud pública "era una prioridad".

Finalmente, el abogado de Jupol, Francisco Casado, ha expresado su voluntad de proteger los intereses de los agentes y ha recalcado que a su entender, los hechos no son sólo "socialmente reprochables por el momento en el que se producen", sino constitutivos de delito.

EL VÍDEO

Los hechos recogidos en el polémico vídeo tuvieron lugar el 9 de mayo de 2020, cuando Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada. Los agentes se personaron en un domicilio por la llamada de una vecina que aseguraba que se estaba celebrando una fiesta, con varias personas que no residían allí. Los agentes y el hombre denunciado ofrecieron versiones contradictorias de cómo se produjo la entrada en el piso.

Los sindicatos policiales aseguran que otra persona que se identificó como residente en el piso había autorizado a los agentes a entrar. En la vivienda estaba el ahora investigado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse.

El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho. Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado "por la fuerza". En las imágenes, el hombre dice que llevados meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.

La Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel para el acusado, un joven de 27 años, por presuntos delitos de desobediencia y calumnias. También solicita indemnizaciones en favor de los policías afectados por valor de 3.000 euros. Jupol pide tres años de cárcel y una multa de 5.400 euros por presuntos delitos de desobediencia, contra la intimidad, calumnias e injurias.