En la querella se acusa de delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; al presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Manuel Gutiérrez; el director general del Agua de España, Teodoro Estrela; el director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental, Francisco Javier Chacón; o al director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático del Principado, Pablo Luis Álvarez, y a la empresa responsable del estudio de impacto ambiental para la reactivación de la planta depuradora.

Se apunta también como responsables civiles subsidiarios al Gobierno del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, la Confederación Hidrográfica y el Ministerio para la Transición Ecológica. Además, solicitan la declaración como testigo de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.