El Gobierno de La Rioja apuesta por la colaboración entre administraciones para facilitar el acceso a la vivienda

La directora general de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, Beatriz Arraiz, ha participado hoy en Logroño en 'Diálogos sobre el Futuro. El Futuro de las Ciudades', iniciativa del Gobierno de España, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo que quiere contribuir a reflexionar sobre las oportunidades y desafíos que traerá el mundo post-COVID.

Arraiz ha abogado por "la necesaria colaboración entre Administración central, autonómica y local para facilitar el acceso a la vivienda como derecho constitucional, especialmente en el medio rural", en un contexto en el que la opción por el alquiler se consolida como "cambio de paradigma".

Arraiz ha participado en la mesa de debate '¿Cómo mejorar el acceso a la vivienda digna en España?', encabezada por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, junto con el catedrático de Derecho en la Universidad de Zaragoza, Julio Tejedor.

La directora general de Vivienda ha afirmado que "en La Rioja y Logroño, aunque no son zonas geográficas especialmente tensionadas, se aborda el problema de la oferta de vivienda en compra o alquiler, con especial atención al acceso a la vivienda en el medio rural". En este sentido, se ha referido a "la prioridad del Gobierno de La Rioja de consolidar el parque público de vivienda en alquiler social, con la colaboración con entidades locales para la cesión de vivienda, como se ha producido con el Ayuntamiento de Logroño, de cuyo stock de vivienda de propiedad municipal se han incorporado 28 viviendas".

Arraiz ha señalado que el parque público de vivienda en alquiler social del Gobierno de La Rioja cuenta también con un precio asequible, con una renta máxima de 300 euros y con una base reguladora ordenada que da transparencia al proceso de adjudicación de viviendas.

La directora general de Vivienda ha asegurado, además, que las administraciones tienen margen de acción para incorporar vivienda al mercado, especialmente en los pequeños municipios. "Las administraciones también somos propietarios de vivienda. Es fundamental recuperar esa vivienda pública, especialmente en el medio rural, y volcarla al mercado para introducir mayor oferta, tratando así también de relajar precios".

Asimismo, la directora general de Vivienda ha apuntado que "la Ley de Vivienda puede llegar a ser fundamental para facilitar el acceso a la vivienda. Limitar por ley los precios de alquiler no necesariamente tiene que ser la solución, pero introducir incentivos fiscales y garantías al arrendador, entre otros instrumentos, sí lo son para motivar que el arrendador ponga su vivienda en alquiler en el mercado a precio asequible".

La directora general de Vivienda también ha recordado "la oportunidad que van a suponer los fondos europeos para abordar la rehabilitación, con un componente importante de objetivos de ahorro energético y eficiencia energética". "Como Administración vamos a tener que hacer una labor de pedagogía con los ciudadanos, con los propietarios, para trasmitirles que esta apuesta es buena y en su beneficio. La rehabilitación es una vía muy importante de renovar ese parque de vivienda envejecido que tenemos en este país y en La Rioja", ha resaltado.

Arraiz ha mencionado, adicionalmente, la importancia de programas para facilitar el acceso al alquiler en condiciones económicas favorables y ofrecer seguridad al arrendador, mediante la garantía de cobro en la renta y la conservación de su vivienda, como el programa 'Habita Rioja' del Gobierno de La Rioja que gestiona el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI): "Estas herramientas tienen que animar a ofrecer la vivienda en alquiler y facilitar entre los diferentes actores que se cumpla el derecho de acceso a la vivienda".

En referencia a la realidad social de los desahucios, Arraiz ha destacado que el Plan Estatal de Vivienda ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas la gestión de ayudas directas para colectivos especialmente vulnerables. "La labor que tenemos que hacer desde las Administraciones es garantizar el seguimiento de estas situaciones desde el punto de vista social, para que no se enquiste la vulnerabilidad, de tal modo que se pueda cerrar el círculo completo de protección social".

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