Toda vez que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma la aprobación de las normas de las universidades privadas tras efectuar los preceptivos controles de legalidad a través de la Viceconsejería regional de los Servicios Jurídicos, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

En concreto, el documento recoge los principios, sede, fórmula de gestión presupuestaria, estructura académica y organizativa, así como aspectos relativos al alumnado, personal docente y no docente, reglamento de honores y distinciones, además de régimen disciplinario, entre otros aspectos.