Esta propuesta se trasladará al Consello Consultivo para que analice esta cuestión, que posteriormente se comunicaría al Gobierno central para que contemple esta posibilidad y pueda ser evaluada en la próxima mesa de Ence.

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo socialista, en la que criticó que el Gobierno central y el Ayuntamiento de Pontevedra no estén a la altura de la responsabilidad a la hora de buscar una solución a los trabajadores de la factoría y la "incerteza" que viven 5.000 familias vinculadas a esta actividad.

"Los únicos buscando una solución somos nosotros", ha insistido Conde, quien lamentó que PSOE, BNG y el Gobierno de Pedro Sánchez "ni están ni se les espera". En este sentido, ha acusado a estas formaciones de "generar un problema" y de cerrar la factoría "por una decisión política" y se ha comprometido a buscar una solución junto a los trabajadores "dentro de la legalidad.

Desde el grupo socialista, Paloma Castro incidió en que no se puede "defender lo indefendible" y censuró las "ocurrencias" defendidas por la Xunta para mantener su emplazamiento en Lourizán "mientras hablan de otra pastera".

"No siga engañando", advirtió, para criticar el "despropósito" de la postura del Gobierno gallego en esta materia y recordar a Conde que de su gestión depende "el pan de muchas familias".

CASALONGA

Por otro lado, Conde también respondió a otra pregunta en el pleno de este miércoles relacionada con plan de restauración de la cantera de Casalonga, en la que el diputado del BNG Luís Bará reclamó a la Xunta que actúe para evitar que la zona se convierta en un "macrovertedero" de residuos industriales.

El vicepresidente segundo aseguró que el plan presentado por la empresa contempla un uso forestal y que el actual titular de la concesión tiene el derecho de continuar con la actividad minera siempre y cuando proceda con todas las condiciones técnicas, urbanísticas y ambientales legalmente establecidas.

En este sentido, explicó que la empresa cuenta con todas las autorizaciones necesarias, por lo que la Xunta actuará para velar por el cumplimiento de la normativa aplicable.

Así, recordó que el Gobierno gallego ya desestimó dos propuestas anteriores presentadas por la empresa al comprobar que no cumplían con las exigencias medioambientales, mientras que se autorizó finalmente la tercera actualización del plan que incluye un uso forestal del terreno.

Bará acusó a Toysal de buscar un emplazamiento para llevar más de 10 millones de toneladas de residuos industriales y de demolición y alertó de que Santiago está "amenazada" por todo un anillo de macrovertederos desde Miramontes hasta Casalonga.

VERTIDOS EN MELIDE

Por otro lado, el BNG, a través del diputado Xosé Luis 'Mini' Rivas, reclamó explicaciones a la Xunta por las medidas adoptadas contra los vertidos contaminantes en el regato Piñor, que lleva sus aguas al río Furelos, procedentes del Polígono da Madalena de Melide.

El parlamentario nacionalista denunció "una derivación" de las aguas del regato a través de un canal de 60 centímetros de ancho, en la parte alta de una extensión de dos hectáreas con varios riegos perpendiculares para "repartir aguas contaminantes" por toda la superficie, que está repleta de pozas naturales y patos silvestres.

Al respecto, la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Ethel Vázquez, culpó al Ayuntamiento de Melide por la mala gestión de las redes municipales de saneamiento e instó al BNG a apoyar la Ley de mejora de la gestión del ciclo del agua para lograr soluciones en esta materia.

Vázquez Mourelle recordó que la Ley de bases de régimen local le otorga en exclusiva a los ayuntamientos las competencias en abastecimiento, alcantarillas y depuración y que, en el caso de Melide, la Xunta ya apoya al Gobierno local con la gestión de depuradora desde el año 2007.

Asimismo, destacó que la Xunta también redactó el proyecto para conectar las aguas residuales del polígono de A Magdalena con la depuradora municipal que, a pesar de estar concluido desde finales del año pasado, todavía está pendiente de que el Ayuntamiento ponga los terrenos a disposición para poder formalizar el convenio e iniciar las obras.

La titular de Infraestruturas insistió en que esta situación confirma la importancia de las auditorías previstas por la Ley del ciclo del agua para detectar deficiencias en las redes de saneamiento y corregirlas.