El texto, que ha sido rechazado en bloque por la oposición, se tramitará ahora como proyecto de ley en la Cámara.

Este decreto ley fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 2 de septiembre e integra en un mismo texto los más de veinte acuerdos de medidas sanitarias adoptados por el Ejecutivo durante la pandemia.

Con casi 30 artículos y cerca de 80 folios, esta norma establece, entre otras cosas, el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad o los aforos y mantiene la limitación de personas por niveles de alerta.

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha dicho que este decreto reúne medidas para "garantizar la salud ante una pandemia que no ha acabado", por lo que ha pedido evitar la lectura "miope" de la situación pese a que en el mundo desarrollado la tasa de vacunación esté más extendida.

Ha advertido de que cada vez que hay mutaciones del virus se multiplican los contagios y a nivel mundial, apenas el 45 por ciento de la población mundial tiene solo una dosis de la vacuna.

El consejero ha comentado que la legislación actual no está preparada para una pandemia de estas características y por ello, ha defendido el decreto ley del Ejecutivo para "armar" a la sociedad canaria para defenderse del virus.

Ha comentado que otras comunidades como Galicia, País Vasco o Cataluña cuentan con decretos similares y pedido a los grupos parlamentarios "altura de miras" porque los riesgos de la pandemia "son serios" si hay una "relajación" normativa.

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha dicho que la forma empleada por el Gobierno "no es la adecuada" porque invade competencias del Ejecutivo central y coarta derechos y libertades de los ciudadanos. "El informe del Consejo Consultivo es demoledor", ha comentado.

Ha apuntado, entre otras cosas, que no se puede obligar a los trabajadores a vacunarse y hacer cribados o que se pueda acceder a datos privados de pacientes.

"UNA CHAPUZA", SEGÚN CS

Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que el decreto ley "es una chapuza y no tiene un pase" y pide que el texto se devuelva al Gobierno "por méritos propios".

Jesús Ramos (ASG) ha dicho que este decreto ley se presenta "por responsabilidad" y para fijar medidas que ayuden a combatir la pandemia, si bien ha reconocido las dificultades que tienen las comunidades autónomas desde que se levantó el estado de alarma.

Ha reconocido que el dictamen del Consejo Consultivo advierte de inconstitucionalidad y no entiende la "urgencia" de fijar criterios, pero está a favor de que el Ejecutivo regule y que el Parlamento tramite el decreto como proyecto de ley. "Lo que no podemos hacer es quedarnos cruzados de brazos", ha indicado.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que este decreto trata de "dar garantías" para afrontar la lucha contra la pandemia en el futuro, y la herramienta que deja el marco legislativo actual es el decreto ley.

Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que "el Covid sigue estando ahí" y la economía de Canarias depende "de que la gente siga llegando", por lo que el Gobierno tiene la obligación "de actuar" para garantizar la salud de los ciudadanos y la actividad económica.

Ha dicho que esta pandemia es la crisis sanitaria más importante del mundo "en más de 100 años", recordando que hubo un confinamiento domiciliario y durante un mes no aterrizó ningún avión en el archipiélago.

Por el Grupo Popular, Luz Reverón ha dicho que el decreto ley "es una gran chapuza" del Gobierno, corroborada por el Consejo Consultivo, que cuestiona la invasión de competencias y tiene visos de inconstitucionalidad. "Han hecho un uso torticero de la potestad legislativa para saltarse a los tribunales de justicia", ha comentado.

Ha pedido a Torres "que abandone la actitud de sumisión" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, e instado al Ejecutivo a retirar el decreto ley y solicitar a los socialistas en el Congreso que apoyen la ley de pandemias. "No vamos a apoyar este dislate", ha indicado.

CC-PNC CARGA CONTRA LA "ESTRATEGIA ERRÁTICA" DEL EJECUTIVO

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha lamentado que el Gobierno les pide consenso y después se enteren del decreto por los medios de comunicación, un documento que es "el culmen de la estrategia errática" del 'pacto de las flores' para gestionar la pandemia.

Ha dicho que el dictamen del Consejo Consultivo "es durísimo" y solicitado al Gobierno que cambie su estrategia jurídica. "No dan una, siguen dando palos de cielo", ha agregado, subrayando que el decreto es una herramienta para "eludir" al TSJC, que ahora "ha metido en un lío" al subsector del ocio nocturno.

Beato ha señalado que su grupo no va a ser "cómplice" en la vulneración de la intimidad de los ciudadanos y la "asfixia económica" al ocio y la hostelería. "Se cargan hasta las fiestas populares", ha indicado.

Además, se ha preguntado si las medidas incluidas en el decreto "las dicta un político y no un jurista".

Marcos Hernández, del Grupo Socialista, ha señalado que varias comunidades autónomas ya han empezado a legislar para "dar seguridad" a la lucha contra la pandemia y sostiene que el Estatuto de Autonomía da competencias al Gobierno en salud pública.

En su opinión, es urgente fijar medidas para luchar contra la pandemia y supondría una "irresponsabilidad" dejar de lado esta función, más aún cuando la evolución de la Covid-19 es "cambiante" a medida que salen nuevas variantes.