El Ministerio Fiscal sostiene que, el 24 de julio de 2019, el acusado, en su condición de administrador único y representante legal de una sociedad inmobiliaria, suscribió un contrato de promesa de compraventa de finca y de obra llave en mano con el matrimonio, en relación con la participación indivisa del 39,929618% de una finca.

Como condición previa para la compraventa de la finca y construcción de la vivienda unifamiliar, la pareja abonó mediante transferencia bancaria desde su cuenta a la cuenta de la que era titular único la empresa del acusado la cantidad de 50.600 euros en concepto de pago de parte del precio para la reserva y construcción de la vivienda.

El acusado, según el contrato suscrito estaba obligado a realizar todas las gestiones necesarias para la construcción de la vivienda unifamiliar. Se señaló como plazo máximo para el otorgamiento ante notario de la escritura de compraventa el día 21 de noviembre de 2019, pudiendo prorrogarse ese plazo hasta el día 31 de diciembre de 2020. Transcurrido ese plazo, las partes podrían desistir del contrato sin más indemnización que las prevista en el Código Civil.

Así, los compradores, con fecha 20 de enero de 2020, decidieron desistir del contrato debido a que, llegada esa fecha, el acusado no les había llamado para otorgar la escritura de compraventa ni había obtenido todavía la licencia urbanística del Ayuntamiento de Gijón para la segregación de la finca.

El matrimonio le comunicó su intención de desistir del contrato por burofax y por escrito en reiteradas ocasiones y, en todas ellas, le pidieron la devolución de la cantidad entregada a cuenta, a lo que el acusado se negó, por lo que se realizó un intento de conciliación en la vía civil ante el Juzgado de Paz de Llanera con fecha 5 de marzo de 2020, que también resultó infructuoso. El acusado incorporó los 50.600 euros entregados a cuenta a su patrimonio personal y no se los devolvió. Tampoco realizó la segregación de la finca ni su inscripción registral.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida y solicita que se condene al acusado a 3 años y 9 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, más costas. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al matrimonio con 50.600 euros, más los intereses legales correspondientes.