El Consejo de Ministros aprobó este martes un amplio paquete de medidas entre las que destacan la subida del salario mínimo interprofesional a 965 euros al mes, una nueva prórroga de los ERTE hasta el 28 de febrero y el primer paquete de ayudas a los afectados por la erupción volcánica de La Palma.

En el caso del incremento del SMI, entrará en vigor de forma retroactiva a fecha de 1 de septiembre, por lo que quienes perciban el salario mínimo deberían verlo reflejado ya en la nómina que cobrarán en los próximos días. En la rueda de prensa posterior del Consejo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se dijo "orgullosa" de formar parte de un Gobierno que adopta medidas como esta.

Díaz sostuvo que, a diferencia de lo que "hacía el PP" cuando gobernaba, de esta crisis se saldrá "subiendo los salarios", una medida de "protección social" y que incide en la "eficiencia económica", porque se traslada a la "economía real". La vicepresidenta insistió en que, frente a los "agoreros" que pronosticaban la destrucción de empleo por el incremento del salario mínimo, la realidad ha "demostrado" que supone "reducir la brecha de género" y mejorar la renta de las familias con menores ingresos.

En cuanto a los ERTE, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recalcó que dos de cada diez trabajadores llegaron a estar protegidos por este mecanismo, que ahora da cobertura a unos 177.000. Escrivá también destacó que se trata del sexto real decreto de ERTE y que es el sexto que se ha acordado con los agentes sociales, a los que agradeció su disposición a dialogar y negociar.

El ministro, además, confirmó la aprobación de la extensión de las prestaciones extraordinarias para los autónomos, y avanzó que en el futuro mecanismo de ERTE, que tendrá carácter permanente y se incluirá en la futura reforma labora, se primará que los trabajadores reciban formación.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, detalló que las ayudas para los afectados de La Palma incluyen un total de 10,5 millones para la compra de vivienda y enseres, además de la declaración de la isla como zona catastrófica, el paraguas jurídico necesario para articular estas medidas.