La exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha sido citada a declarar como imputada por el caso Ghali el próximo 4 de octubre, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza al que pertenece la investigación del caso también interrogará ese día, aunque como testigo, a José María Muriel Palomino, el que fuera secretario general técnico del Ministerio de Exteriores. Asimismo, el día 18 comparecerán María Isabel Valldecabres, jefa de gabinete de la ex vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la jefa de gabinete del ministro de Interior, Susana Crisóstomo.

La imputación de Laya llegó tras la petición de dos acusaciones, ejercidas por el abogado Antonio Urdiales y Juan Carlos Navarro. Ambos la solicitaron tras escuchar al ex jefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, que manifestó que fue la exministra quien le ordenó la entrada de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, en España el pasado 18 de abril. Ese viaje, que se conoció en días posteriores tras el ingreso de Ghali en el hospital de Logroño bajo una identidad falsa para curarse de coronavirus, derivó en una grave crisis diplomática con Marruecos, la entrada de 10.000 inmigrantes en Ceuta y el cese de la exministra en la última remodelación que acometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pasado mes de julio.

En declaraciones a los medios, Urdiales aseguró que pretende saber cómo entró Ghali en territorio español con el fin de determinar "si hubo encubrimiento o no" por parte del Gobierno central. Agregó que, tiempo atrás, el líder del Polisario fue investigado por terrorismo y genocidio y que "tiene diferentes identidades": advirtió que ya en 1999 entró en España "con pasaporte falso" y después, en 2003, "se le prolongó la residencia con otro pasaporte falso".

Con todo, el Ejecutivo se ha posicionado con Laya desde que se conoció su imputación en el caso. "Hizo lo que debía y como debía", señaló Sánchez sobre la acción de su ex ministra. A preguntas de los periodistas, insistió en que el Gobierno permitió la entrada de Ghali por razones humanitarias. "Para salvar la vida de una persona que estaba a punto de morir", enfatizó desde una de las ruedas de prensa que ofreció en su visita a Nueva York la semana pasada.

Días antes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ya había avanzado en esta línea. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado martes, la socialista aseguró que el Ejecutivo "siempre actúa conforme a las premisas de la legalidad", además de expresar su "deseo" de que el asunto quede "resuelto cuanto antes". La defensa de Laya correrá, además a cargo de la Abogacía del Estado.

Laya todavía no se ha manifestado sobre su imputación, pero cuando se abrió la investigación en julio sí defendió que siguió "al pie de la letra" las reglas establecidas para vuelos como el de Ghali, que abandonó el país el 2 de julio. La ministra explicó que se trató de un vuelo oficial y "cuando llega a España un vuelo oficial sigue un procedimiento de autorización que es diplomático donde las personas tienen que identificarse antes de entrar en el vuelo y eso tiene que ser notificado a las autoridades diplomáticas competentes de manera que se facilite cuando llegan a nuestro país los trámites pertinentes".

"Esto es lo que se hace en cientos de casos en nuestro país", enfatizó, añadiendo que ella misma cuando viaja a países terceros disfruta de esta cortesía. Asimismo, la titular de Exteriores detalló que las personas que entran en España acceden "identificadas y con sus documentos en regla, como no puede ser de otra manera".