Según hace constar el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, están procesados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, por el que les pide cárcel y multas de 58.000 euros, y de defraudación del fluido eléctrico, por el que solicita sanción por 1.080 euros.

"Puestos de común acuerdo y con ánimo de proceder" a su "venta y distribución a terceros", habrían establecido un enganche ilegal "a fin de no pagar" el "elevado consumo de electricidad".

Utilizaron en su instalación, donde fueron incautadas 430 plantas de marihuana con un peso bruto de 86.000 gramos, supuestamente "focos halógenos, balastros, temporizadores, filtros de carbono, bombas de agua, ventiladores, cableado y equipo de aire acondicionado", ha detallado el ministerio público.

El registro del inmueble lo realizaba la Guardia Civil a las 12,30 horas del 14 de abril de 2019, comprobándose que habrían estado "utilizando" a dos menores "para las labores propias de la fase final de la plantación, consistentes en la limpieza de las plantas".

La marihuana incautada habría alcanzado un valor en el mercado negro de 14.351 euros y lo defraudado a la suministradora de electricidad se tasó en 2.779 euros.