Todo lo contrario han sostenido la oposición (PP, Cs y Vox), que se ha quejado de la presión fiscal que hay en Cantabria y ha vuelto a defender la necesidad de rebajar impuestos como "la mejor forma" para reactivar la economía, el consumo y el empleo y atraer empresas.

Vox, en la iniciativa debatida hoy, planteaba rebajas en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), en el de Actos Jurídicos Documentados, un gravamen máximo del 5% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y bonificaciones en el de Sucesiones para herencias entre hermanos, una propuesta que han apoyado con su voto PP -que aunque la ve "muy mejorable" comparte su "esencia"- y Cs.

La iniciativa ha llegado al Pleno una semana después de que la consejera de Economía y Hacienda, la socialista María Sánchez (PSOE), anunciara también en sesión plenaria, que el Gobierno regional "no va a tocar los impuestos, ni hacia arriba ni hacia abajo" para consolidar el crecimiento económico -algo que, según dijo, "encaja mal" con cambios en las políticas impositivas- y poder seguir ayudando a los sectores más perjudicados por la crisis ocasionada por el Covid.

La oposición ha criticado la intervención de la consejera, que, por ejemplo, para el PP fue un "cúmulo de incongruencias". Mientras, Cs cree que el Gobierno, "si puede", subirá los impuestos pese a que Sánchez se comprometiera a no tocarlos.

Por su parte, en Vox han asegurado estar "cansados" de la "inactividad" del Gobierno de Cantabria y de que éste, a su juicio, "deje pasar las oportunidades" de llevar a cabo mejoras fiscales que, en su opinión, son necesarias.

La oposición considera que la rebaja fiscal es posible, más en el actual contexto en que la comunidad autónoma aspira a recibir "decenas" o "cientos de millones" de fondos europeos, aunque no creen que el Gobierno de Cantabria vaya a llevarla a cabo.

"Los gobiernos de izquierdas llevan en su esencia la subida de impuestos", ha afirmado la diputada del PP y secretaria autonómica, María José González Revuelta, que ha opinado que aquellas comunidades que aplican rebajas fiscales "no son insolidarias con el resto" sino que usan los instrumentos a su disposición.

De hecho, considera que quienes apoyan la armonización fiscal, como son, según ha dicho, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o la consejera de Economía "reniegan de la autonomía" de la comunidad y "perjudican a sus ciudadanos".

Por su parte, PRC y PSOE se han mostrado en contra de la rebaja fiscal que plantea Vox al considerar que esta propuesta "no es la que necesita Cantabria" y pensar, además, que no está dirigida a favorecer a la "mayoría" de cántabros. A juicio del portavoz regionalista, Pedro Hernando, Vox solo se preocupa porque "aquellos que ganan mucho, paguen menos".

Hernando ha defendido que los impuestos son "necesarios y deben adaptarse a las necesidades de los contribuyentes". "Por eso Cantabria ni es una cárcel ni es un paraíso fiscal. Lo que nosotros queremos es ser primeros en calidad de vida, en gasto productivo, en gasto social", ha dicho.

Por su parte, la diputada del PSOE Paz de la Cuesta ha advertido que su partido "no va a apoyar políticas fiscales que potencien la insolidaridad fiscal y la competencia negativa entre territorios" porque "es insostenible", "es falso que potencia la economía y la recuperación" y "no es lo que necesita Cantabria".

De la Cuesta ha asegurado que Cantabria es "una de las comunidades con menor carga fiscal" y que cuenta "con una política fiscal más progresiva" y de las que "protege más" a las familias y sectores sociales más desfavorecidos.

Ha afirmado que "hoy Cantabria tiene el reto de salir de la pandemia mientras potencia el crecimiento económico" y ha defendido que "la recuperación no va a venir haciendo trampas al solitario ni potenciando la competencia desleal entre territorios".

REORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERPRETACIÓN

También la mayoría de PRC y PSOE ha tumbado una moción del PP, apoyada por la oposición, que pedía suspender "de forma inmediata" la tramitación del concurso para seleccionar a la empresa que se encargará de los centros de interpretación del patrimonio natural (ahora gestionados unos desde el CIMA y otros desde la Red Cántabra de Desarrollo Rural).

En ella se pedía también constituir una mesa de diálogo en la que estuvierna representados Gobierno, Red Cántabra de Desarrollo Rural y los representantes de los trabajadores para acordar la forma de acometer esa reorganización con el objetivo de crear una unidad de gestión de todos los centros existentes, y de buscar sinergias y tratar de coordinar al máximo su funcionamiento.

El PP y los otros grupos de la oposición han criticado la forma en la que desde el Gobierno se plantea la reorganización de estos centros generando, a su juicio, una "incertidumbre absoluta" a los trabajadores y solo, a su juicio, por un "capricho" de la Consejería.

Los populares creen que esta reorganización puede suponer un "desmantelamiento" de los centros y pone "en peligro" el futuro de los trabajadores de estos centros, unos 70.

Cs cree también que la nueva reorganización "no hay por dónde cogerla", supone un "paso atrás" y, según sostiene, va a suponer mayor gasto, no elimina "solapamientos" ni ineficacias, sino que las "agudiza". "Esto huele a chiringuito", ha afirmado la diputada naranja Marta García, afirmación que ha rechazado su homóloga del PRC Mónica Quevedo, que ha negado que vaya a haber un desmantalemiento.

La regionalista ha defendido que es "el momento" de unificar la gestión de estos centros, hasta ahora "dispersos", con distintos funcionamientos y sin relacionarse entre sí.

Además, ha señalado que, en cuanto al personal, la Consejería ya está llevando a cabo la tramitación de un único contrato para los ocho centros con pliegos "muy trabajados" que, según ha dicho, incluyen la subrogación de los trabajadores "como no puede ser de otra manera".

Por su parte, el PSOE cree que la creación de la Red Cántabra de Centros de Interpretación es una "necesidad y una buena idea" pero cree que una "condición imprescindible" debe ser el mantenimiento de "todo el personal" y la mejora de sus condiciones laborales.

Ante la "inquietud" que, según ha reconocido, ha generado dicha reorganización, ve "positivo" crear una mesa de trabajo en la que estén los trabajadores.

TRANSPORTE ESCOLAR

Lo que sí ha salido adelante, y por unanimidad, ha sido una iniciativa para instar al Gobierno a incorporar, "siempre que no existan informes jurídicos desfavorables", la recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la fijación de los criterios para licitar este servicio "de manera que no se predeterminen los vehículos que puedan optar a las distintas rutas".

Se pide que se permita la concurrencia a una misma ruta de hasta tres vehículos, sumando su capacidad, siempre que con ello se garanticen los principios de interés general, eficacia y eficiencia en el servicio de transporte escolar.

Se trata de una enmienda transaccional que han acordado Vox con PRC y PSOE, los dos grupos que sustentan al Ejecutivo regional en la Cámara.

El Pleno ha arrancado con las palabras del presidente del Parlamento, Joaquín Gómez, expresando la "solidaridad" de la Cámara con la isla canaria de La Palma por la situación que están viviendo a raíz de la erupción volcánica, que comenzó el pasado 19 de septiembre, y las "consecuencias" que está provocando.