El Supremo avisa de que el bloqueo del CGPJ amenaza su "funcionamiento" porque le impide cubrir doce vacantes

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, da un tirón de orejas a Gobierno y oposición en su discurso de la Apertura del Año Judicial. El magistrado hace un llamamiento a la “legalidad” para que Congreso y Senado pacten y aprueben de una vez por todas lo que la Constitución marca: la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo.
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo, da un tirón de orejas a Gobierno y oposición en su discurso de la Apertura del Año Judicial. El magistrado hace un llamamiento a la “legalidad” para que Congreso y Senado pacten y aprueben de una vez por todas lo que la Constitución marca: la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El Tribunal Supremo se suma a la presión pública para que PSOE y PP acometan la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encallada tras más de mil días con el mandato de sus 20 vocales caducado. La Sala de Gobierno del Alto Tribunal se ha dirigido hoy al CGPJ para trasladarle su "preocupación" por las "perniciosas consecuencias, ya graves en el futuro próximo" que provocará la no renovación del órgano. Actualmente hay 12 plazas de jueces vacantes que no podrán ser renovadas por la reforma que, en abril de este año, aprobaron PSOE y Podemos y que prohíbe al Consejo hacer nombramientos estando en funciones.

Justo fue esa modificación legislativa la que provocó otro pronunciamiento público, aunque por parte del CGPJ. Días después de entrar en vigor el texto, el gabinete técnico del órgano de Gobierno de los jueces alertó de que esa reforma podía llevar a la "indeseable consecuencia de la atrofia y la paralización al verse el CGPJ privado de la posibilidad de ejercer sus facultades". Ahora, Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y también del Supremo, encargará otro informe de similares características a los servicios jurídicos del Alto Tribunal "que refleje sintéticamente y con señalamiento de calendario el panorama al que se enfrentarían las diversas Salas de este Tribunal en el caso de que se prolongase la actual situación de interinidad del Consejo General del Poder Judicial”.

En la actualidad, de las 12 vacantes que tiene el Supremo, seis son de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, tres de la Sala de lo Social, dos de la Sala de lo Militar y una de la Sala de lo Civil. Esto, prevé el Alto Tribunal, se irá agravando en el futuro, dificultando el funcionamiento del mismo. En un comunicado remitido a los medios, el Supremo señala que la renovación se hace más urgente ahora porque algunas de estas salas se encuentran "en una coyuntura en que se deben resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas" y pone como ejemplo las "vicisitudes en el mundo laboral de la pandemia".

Lesmes también presionó públicamente a PP y PSOE en el acto de apertura del año judicial que tuvo lugar a comienzos de septiembre. Delante de diversas personalidades, insistió en la necesidad de que se renovase el CGPJ "en semanas" al encontrarse "en una situación anormal" tras caducar la última renovación en diciembre de 2018. Lesmes afirmó que la Constitución marca que el mandato del CGPJ sea de cinco años y recordó que es un plazo que "no puede ser considerado como meramente orientativo".

También desde Europa se insistió en la necesidad de desbloquear la situación del órgano de Gobierno de los jueces. Tras reunirse con las asociaciones judiciales españolas, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, apremió el pasado martes a los partidos a renovar la composición del CGPJ. En una comparecencia, advirtió de que se habían dado los "primeros pasos" para esa renovación. Sin embargo, la realidad le desmintió al día siguiente. El miércoles la Cámara votaba la propuesta del PP para reformar la ley y que los vocales del CGPJ fueran elegidos mediante sufragio por los propios jueces, que es su principal exigencia para acometer la renovación del órgano. Sin embargo, no recabó el apoyo de la mayoría, pues PSOE, Podemos y sus socios de investidura la rechazaron, instando a los populares a "cumplir la ley".

El actual sistema de elección del Consejo fue aprobado en 1985 por el Gobierno de Felipe González, con el posterior aval del Tribunal Constitucional. Los veinte vocales son elegidos por Congreso (10) y Senado (10) tras proponerlos las asociaciones judiciales con una mayoría de tres quintos. Las instituciones europeas recomiendan que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por los miembros de la carrera judicial.

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