El juez abre juicio al "instigador" de las protestas en casa de Montero e Iglesias, y la Fiscalía pide tres años de cárcel

Varias personas golpean cacerolas en señal de protesta junto al cordón establecido por la Guardia Civil en un perímetro de varias manzanas alrededor de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar.
Varias personas golpean cacerolas en señal de protesta junto al cordón establecido por la Guardia Civil en un perímetro de varias manzanas alrededor de la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar.
JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 28 de Collado Villalba ha abierto juicio oral contra Miguel Ángel Frontera, presunto "instigador" del acoso que, diariamente, sufrieron Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno, e Irene Montero, ministra de Igualdad, en el domicilio en el que residen junto a sus hijos, situado en Galapagar (Madrid). Así consta en un auto dictado este jueves por el magistrado Javier Carreño al que ha tenido acceso 20Minutos, en el que también se ratifica la orden de alejamiento que se le impuso a Frontera el año pasado. El juez, además, fija para él una fianza de más de 50.000 euros.

La Fiscalía solicita para el acusado tres años de cárcel por los delitos continuados de injurias graves con publicidad, un delito de acoso y un delito de descubrimiento de secretos. También que sea condenado a pagar una multa de 13.800 euros. La mitad de esa pena es lo que solicitan, por su parte, Iglesias y Montero, que piden un año y medio de prisión y que se le impongan 30 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros y una indemnización de 20.000 euros por "daño moral".

Iglesias impuso la querella contra Frontera a finales de julio del pasado año. Sin embargo, señala que ello no supuso el fin del acoso. Según el escrito de acusación de la pareja, al que tuvo acceso este diario, las concentraciones de las que presuntamente era instigador llegaron a su fin en diciembre, después de que el mismo juzgado que ahora abre juicio oral dictase contra Frontera una orden de alejamiento de 500 metros. La defensa de Iglesias y Montero explicaba que el acusado se personó a diario entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre en su domicilio particular.

Además de proferir gritos como "chepas" o "garrapata", también se presentó con pancartas donde había escrito "Pablo... hijo de terrorista" o "Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas". Es a partir de julio cuando, según el documento, comienza a adquirir "una repercusión y reconocimiento notable" a raíz de erigirse como "impulsor y protagonista" de las caceroladas que sucedían en las afueras de la casa. Todo ello a través de las redes sociales, donde también presume de ir en bicicleta por los alrededores de la vivienda "con la única finalidad de acosar a la familia" y huyendo de los agentes de la Guardia Civil que custodiaban la vivienda, rezaba el escrito.

La representación legal de Iglesias y Montero llegó a relatar cómo Frontera consiguió alzarse sobre el muro de la casa para grabar el interior de la morada hasta que fue visto por Iglesias y Montero. En otra ocasión, emitió en directo en un programa "de entrevistas y actualidad de extrema derecha" en Youtube. También cuenta cómo se subía a lo alto de un cerro situado a 400 metros de la casa para activar una megafonía "aumentando los vatios de sonido, el impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y sobre la propia vivienda y sus ocupantes".

"De forma paralela a estos hechos, don Miguel Ángel Frontera ha creado una plataforma de crowdfunding de la que pretende obtener ingresos económicos para seguir dando soporte del acoso diario y continuado respecto de mis representados", continuaba el escrito de acusación. En este sentido, la defensa de Iglesias y Montero contó la "grave perturbación" que han sufrido ambos "de forma injustificada y antisocial" por parte del acusado "en un momento clave y muy difícil por su complejidad y por ser inédito como ha sido y es la pandemia que lamentablemente azota a nuestro país". Los hechos denunciados, a su juicio, "están excluidos de la legítima protesta y de la libertad de expresión, el mero insulto, el hostigamiento y el continuo acoso ajeno a protesta y reclamación más allá de la del acoso a quienes considera enemigos políticos".

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