Hay cientos de habitantes de la isla canaria de La Palma que han visto cómo sus casas, sus terrenos, sus pueblos, quedaban sepultados bajo la lava del volcán de Cumbre Vieja. La principal preocupación actual de la mayoría es encontrar una nueva vivienda tras ser evacuados; pero hay una pregunta que queda en el aire: ¿qué pasará con esos terrenos que han tenido que dejar atrás y han sido engullidos por la lava?, ¿seguirán siendo propiedad de sus dueños o pasarán a ser del Estado?

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En total, la lengua de material magmático, que ha ido descendiendo en dirección al mar desde que el volcán entró en erupción el domingo, ha cubierto más de 166 hectáreas y destruido 350 inmuebles, según datos de la noche de este miércoles.

Lo que se desconoce todavía es cómo se va a gestionar la titularidad de todos esos terrenos. La parte fácil es la del mar, pues de acuerdo con la Ley de Costas, todos aquellos terrenos o islas que se formen por causas naturales en el mar territorial o en aguas interiores de los ríos pertenecen al dominio público marítimo terrestre estatal. Es decir, que todo el terreno que se gane al mar como consecuencia de la solidificación de la lava pasará a ser automáticamente propiedad del Estado.

No obstante, la gestión de propiedades en tierra firme abarca particularidades más complejas. En teoría, deberían seguir siendo privadas, pero el carácter patrimonial y geológico adquirido con este fenómeno natural cambia las cosas. 

El Estado está obligado por ley a proteger este nuevo bien que forma parte del patrimonio geológico, entendiendo este concepto como el "conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo" cualquier manifestación geológica (formaciones, minerales, rocas, etc.), que permita "conocer, estudiar e interpretar: el origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los climas y paisajes del pasado y presente y el origen y evolución de la vida".

Alfonso Escalero (iLoveTheWorld)

Decisión de las comunidades autónomas

Con todo, es competencia de cada comunidad autónoma el decidir si expropiar o no tales propiedades. Así se establece en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que atribuye al ministerio la responsabilidad de declarar zonas de conservación en España "cuando se trate de espacios situados en áreas marinas bajo soberanía nacional, siempre que no exista continuidad ecológica del ecosistema marino con el espacio natural terrestre objeto de protección". En cualquier otro supuesto, incide la norma, "la propuesta y declaración de esos espacios corresponde a las Comunidades Autónomas".

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Lo más probable es que las hectáreas arrasadas por el volcán se declaren zona protegida, según ha indicado el vulcanólogo del Ilustre Colegio de Geólogos, José Luis Barrera, a Europa Press. Así, está ahora en el tejado de las administraciones qué hacer con estas propiedades si intercambian los terrenos a sus propietarios con otros nuevos, si construyen una nueva aldea o pueblo para reubicar a los afectados, en definitiva, señala que queda un proceso "complejo" por delante.

A su juicio, lo más "barato" es construir una pequeña aldea nueva, con casas nuevas y que se otorguen metros cuadrados similares a los que tenían previamente los propietarios. Si bien, advierte: será muy importante determinar dónde se establece de nuevo la población porque "al lado del Cumbre Vieja saldrá otro volcán". "Esta no va a ser la última erupción, puede volver a producirse dentro de, por ejemplo, 20 años, porque el manto terrestre está muy cercano a la superficie, a unos 15 kilómetros de profundidad", insiste Barrera, que compara la distancia al manto terrestre en las islas occidentales de Canarias con, por ejemplo, los sistemas volcánicos del Campo de Gibraltar, donde la corteza terrestre es de unos 35 kilómetros de espesor.