Como norma general, apuntan en una nota, este caso se realiza cuando las instituciones públicas llevan a cabo modificaciones puntuales de sus planes de ordenamiento municipal.
Sin embargo, la propia ley también establece que esto se puede realizar en caso de interés general o en caso de una emergencia sobrevenida como es la actual crisis volcánica que vive La Palma.
Además, como antecedentes cercanos la Ley 9/2011, aprobada por el Parlamento de Canarias, permitió llevar a cabo la modificación del uso de los terrenos colindantes al Aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, para proceder a la ampliación de dicha instalación.
Asimismo, existe el mecanismo del Decreto Ley, una herramienta más ágil y que posibilitaría al Ejecutivo canario llevar a cabo su aprobación directamente, y de ser así, sería la primera vez que se aplicaría esta fórmula.
En esta línea, Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, aboga por su uso inmediato con la finalidad de dar una respuesta rápida a la ciudadanía afectada.
Para este sindicato, y a tenor de la gravedad y la implicación emocional de la situación, esta reclasificación debe realizarse en la zona próxima a la afectada y así el impacto psicológico en los vecinos será menor.
Además, debe responder a nuevos criterios de replanteamiento urbano para evitar la dispersión en la zona.
UGT solicita también activar planes formativos, ayudas y estrategias de recolocación para los trabajadores afectados por esta situación.
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