La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que en diciembre el Gobierno tendrá un borrador de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ha garantizado que se regulará el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en esta materia. Esto último choca con el criterio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y abre una nueva división en el seno del Gobierno de coalición. 

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"Nos reuniremos con entidades y organizaciones y vamos poner en el centro el derecho al aborto efectivo para todas las mujeres en la sanidad pública", ha indicado Montero en una entrevista en la Cadena Ser, tras apuntar que se trata de una reforma "urgente". La titular de Igualdad ha explicado que en "España hay reconocido un derecho que no se puede hacer efectivo para miles de mujeres con el enorme dolor que supone, lo que representa una violación de los derechos humanos que reconocen todos los organismos internacionales".

En esa línea, la ministra ha remarcado que hay que proteger el derecho individual de los médicos, pero ha advertido de que la objeción de conciencia se está convirtiendo "en una práctica para impedir el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en centros hospitalarios públicos". Y, aunque ha asegurado "entender y respetar" que haya "profesionales que no quieran hacer determinadas practicas", debe existir "un registro y un control". "Si miramos los registros de objetores vemos que son poquísimos. No puede ser que objetes a un caso concreto, tiene que ser algo que plantees con carácter previo", ha añadido.

Para Montero la práctica de abortos en los hospitales públicos se ve "como un estigma" que "dificulta que muchos profesionales decidan lanzarse a cumplir con un derecho de la mujer". "Nos interesaba mucho escuchar a los profesionales sobre esta práctica y hay una enorme dificultad para acceder a formación sobre interrupción voluntaria del embarazo en todas las etapas que tienen que ver con la práctica médica. No sé si se puede hablar de represión pero sí hay un estigma", ha concluido.

Compatibilizar ambos derechos

Según Montero, tanto el Gobierno como la ministra de Sanidad tienen "claro" que la ley de interrupción del embarazo hay que reformarla y ha asegurado haber hablado personalmente con el presidente, Pedro Sánchez, sobre el tema. Pero la propia Darias aseguraba este miércoles que su departamento no tiene "ninguna intención" de modificar la regulación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario para no practicar abortos y abogó por compatibilizar ambos derechos.

Los médicos ven inconstitucional limitar la objeción de conciencia para el aborto

"Creo que tenemos que mejorar", reconoció la titular de Sanidad, y agregó que, respetando el derecho a la objeción de conciencia, la calidad asistencial a las mujeres tampoco debe verse "menoscabada".

Los problemas que las mujeres suelen tener para abortar en hospitales públicos ha cobrado actualidad después del testimonio de una geriatra del Hospital Clínico que ha denunciado que su propio centro se negó a practicarle la interrupción de un embarazo durante la semana 17 pese a que el feto era prácticamente inviable y su vida corría peligro.

Darias explicó que no se trataba de una interrupción voluntaria del embarazo, sino "obligada por razones clínicas", pero no se le pudo practicar en ese centro porque todos los médicos se acogieron a la objeción de conciencia. La ministra admitió que no parece que hubiese habido "buena praxis" médica.

Ante la denuncia de la afectada, el Hospital Clínico San Carlos ha justificado en la objeción de conciencia la negativa de los ginecólogos a practicar esta intervención, por lo que se derivó a la paciente a una clínica autorizada para llevar a cabo la interrupción de la gestación.