Así lo ha trasladado durante la primera reunión con el ministro del ramo, Manuel Castells, y los sindicatos para abordar del documento en su estado actual y que para CIG "no supuso ningún avance", más allá de un intercambio de posiciones.

El sindicato gallego incidió en que el texto crea problemas "especialmente en el apartado relativo al gobierno de las instituciones académicas", uno de los temas que centró la reunión y que el propio Castells "reconoció", al recibir "numerosas" críticas por reducir órganos de representación o dar más poder a Consejos Sociales y personas ajenas a las universidades.

"Es claramente continuista con la propuesta que presentó en el año 2013 el ministro Wert", censura la CIG, al tratarse de una concepción de gobierno "alejada" de la representación democrática de la comunidad universitaria.

También se incidió en la importancia de atajar la precariedad de los trabajadores de estas instituciones y lamentó que la propuesta de Castells "copie el nefasto modelo" de la Xunta para la financiación de las universidades, con un presupuesto estructural y otro por objetivos, sin garantizar una definición que garantice el pago de salarios.

PROBLEMAS CON MATERIAS

Por otro lado, la CIG volvió a denunciar que siguen registrándose casos de materias que no se autorizan a pesar de contar con el mínimo de personas matriculadas o con docentes con posibilidad horaria para impartirlas.

Entre ellos, mencionan el IES Rego de Trabe de Culleredo, el IES Menéndez Pidal de A Coruña o el IES Lucus Augusti, ejemplos en ámbitos urbanos a los que ligan otros el IES de Becerreá o el IES Gregorio Fernández de Sarria.

A mayores, advierten de que esta situación afecta también a mantener oferta de Educación Secundaria para Adultos en algunos puntos, como el IES Dionisio Gamallo de Ribadeo o el IES Lamas das Quendas de Chantada.

CAMPAÑA

Finalmente la CIG ha anunciado el arranque de una campaña para lograr que el profesorado pueda contar con la documentación para el reconocimiento médico docente en lengua gallega.

Así, denuncia que el empresa adjudicataria, Cualtis, emplea únicamente formularios en castellano, y anima remitir cartas dirigidas a la Consellería de Educación y a la propia compañía para exigir respeto por los derechos lingüísticos.