El Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz volvió a reunirse este martes con patronal y sindicatos, por segunda semana consecutiva, para tratar de alcanzar un pacto para prorrogar los ERTE derivados de la crisis de la Covid. El encuentro acabó sin acuerdo, pero sirvió para que el Gobierno concretase su propuesta para esta prórroga: llevarla hasta el 31 de enero -lo que supondría, como ya ocurrió el año pasado, cubrir toda la campaña de Navidad- y, además, establecer que los ERTE actualmente vigentes no se prorroguen automáticamente, sino que las empresas deban solicitar nuevos expedientes y recibir autorización expresa del MInisterio de Trabajo a los mismos.

La actual prórroga de los ERTE vence el próximo 30 de septiembre, por lo que el Ejecutivo tiene algo más de una semana para alcanzar un acuerdo con los agentes sociales y extender el alcance de la medida otros cuatro meses. No obstante, ni Gobierno, ni patronal ni sindicatos dudan de que los ERTE terminarán alargándose: lo que se discute son las características de esta prórroga y su alcance, en un momento en el que quedan poco más de 250.000 trabajadores total o parcialmente inmersos en uno de estos expedientes de regulación.

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Fuentes de la negociación explican que la propuesta que el Gobierno llevó este martes a la mesa plantea prorrogar con carácter general todos los tipos de ERTE -de impedimento y de limitación- reguladas en los anteriores reales decretos. La principal novedad es que, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora, la extensión de cada uno de los expedientes no se produciría automáticamente, sino que las empresas deberían solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre. La administración tendría que resolver esta solicitud de prórroga en el plazo de diez días. Y, en caso de que no contestara en ese tiempo, la petición quedaría desestimada.

Precisamente ese último detalle es uno de los que más rechazo ha generado a los agentes sociales. Pese a que CCOO y UGT están de acuerdo con que las empresas tengan que solicitar de nuevo los ERTE para acabar con situaciones de fraude que, entienden, se están cometiendo en algunas compañías, fuentes sindicales afirman que este punto ha generado mucha polémica y también confusión. Los sindicatos, señalan estas fuentes, consideran que no es coherente que el silencio de la administración sirva para rechazar que se prorrogue un ERTE y, a la vez, que los expedientes ya en marcha se alarguen automáticamente en el momento de hacer la solicitud para su extensión.

Asimismo, otra de las novedades de la propuesta que llevó este martes Trabajo a la negociación es la intención del Gobierno de vincular la concesión de los ERTE a que la empresa lleve a cabo acciones formativas para los trabajadores a los que mantenga inactivos. Esta formación debería impartirse a los empleados entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022. Y, aunque los sindicatos también están de acuerdo con este planteamiento, la propuesta no ha estado exenta de dudas, ya que los agentes sociales consideran, para empezar, que actualmente no existe suficiente oferta formativa para todos los trabajadores inmersos en un expediente.

Nuevo sistema de exoneraciones fiscales

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También hay novedades en las exoneraciones fiscales que reciben las empresas a la hora de pagar las cotizaciones sociales de sus trabajadores en ERTE. En la última negociación, el pasado mayo, el principal choque vino precisamente provocado por el desacuerdo de los agentes sociales con el nuevo sistema de exoneraciones fiscales que finalmente impuso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Y, en su nueva propuesta, Trabajo apuesta por simplificar un sistema que, hasta ahora, reducía paulatinamente los beneficios fiscales de las empresas para incentivarlas a que devolvieran a sus trabajadores a la actividad.

Según confirman fuentes del diálogo social, la propuesta de Trabajo contempla que, durante los próximos cuatro meses, las empresas que no puedan abrir por restricciones causadas por la pandemia -es decir, las acogidas a los llamados ERTE de impedimento- estarían exentas al 100% de pagar las cuotas de sus trabajadores. Por su parte, aquellas compañías que tuvieran trabajadores en ERTE por verse perjudicadas parcialmente por las restricciones horarias o de aforos se beneficiarían de un 50% de reducción en las cotizaciones sociales a pagar por sus empleados, un porcentaje que se reduciría al 40% en el caso de las compañías de más de medio centenar de trabajadores.

Los sindicatos, además, consideran imprescindible que el nuevo diseño de los ERTE mantenga la prohibición de despedir durante seis meses a las empresas que se acojan a este mecanismo. Asimismo, plantearon este martes la necesidad de que los trabajadores que consuman ahora su prestación por desempleo no vean mermada su prestación si necesitan cobrarla en el futuro, es decir, mantener el conocido como "contador a cero" de la prestación consumida.