En este sentido Hugo Morán ha manifestado que el MITECO tiene ya las previsiones de incorporación de un paquete de compromisos presupuestarios y de apoyo técnico y de recursos humanos para contribuir a la tarea que hasta este momento soportaban en exclusiva las comunidades autónomas.

Un paquete de medidas que persigue que sobre todo y fundamentalmente de una vez por todas no sea el ganadero el que tenga que asumir sobre sus espaldas el coste de la gestión de una especie que es un patrimonio del conjunto de la sociedad.

"A partir de este momento lo que debe suceder es que una vez que el lobo alcanza este estatus de reconocimiento a nivel estatal, que no es otro que reconocerle en toda la Península Ibérica el mismo estatus que venía teniendo al sur del Duero, ahora debe conseguirse una estrategia estatal que permita una gestión que garantice la coexistencia de la especie con las actividades que se desarrollan en el medio rural y que el conjunto de las Administraciones pueda tener un ámbito de desarrollo de sus competencias que no venga condicionado por problemas de inseguridad jurídica", ha dicho.

Morán ha insistido en que con este listado se culmina un proceso de tramitación que está "completamente reglado y por lo tanto la Administración está sujeta a cumplir con el procedimiento que establece con claridad cuales son los pasos que hay que seguir cuando se hace una reconsideración formal del estatus que se le concede a cualquier especie en nuestro país".

Ha explicado que en el caso concreto del lobo, especie que genera algunas dificultades históricamente constadas de coexistencia con actividades que se desarrollan en su mismo medio, lo que ha venido haciendo el Ministerio a lo largo de este proceso, que se remonta a dos años de procedimientos, es "escuchar a los interesados, tener en cuenta a cada una de las aportaciones que se han venido haciendo que han sido muchas y a todo ello darle sustento de seguridad jurídica para garantizar tanto los derechos de unos como los de otros, teniendo en cuenta que las posiciones no son coincidentes".

El proceso culmina con un dictamen del Consejo de Estado que viene a aclarar las responsabilidades competenciales de cada una de las administraciones.