Según la orden recogida por Europa Press estas ayudas tienen por objeto fomentar la formalización de contratos indefinidos por parte de empresas de la Comunidad de Castilla y León con trabajadores desempleados cuya situación de desempleo provenga de un ERE de extinción de la relación laboral o de la finalización de un contrato con una empresa en la que hayan estado más de 180 días en un ERTE durante el año anterior a dicha finalización.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones, las personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica, que formalicen las contrataciones descritas en estas bases, para prestar servicios en centros de trabajo de Castilla y León, con personas que cumplan los requisitos para poder ser destinatarias de dichas contrataciones.

Se excluyen como beneficiarios de estas subvenciones las entidades pertenecientes al sector público y entidades sin ánimo de lucro.

La cuantía de la subvención por la formalización de cada contratación subvencionable será de 10.000 euros, con un incremento de 2.000 euros más si la persona trabajadora contratada es mayor de 45 años de edad. No obstante, las citadas cuantías se reducirán proporcionalmente en función del porcentaje de jornada que se pacte cuando los contratos se formalicen a tiempo parcial.

Según se argumenta en la orden las circunstancias extraordinarias derivadas de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 han incidido "negativamente" en el ámbito económico y el empleo de los trabajadores de los diferentes sectores de la actividad económica de la Comunidad de Castilla y León.

Por ello, en el actual Plan Anual de Empleo de Castilla y León y en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, se contempla un Programa de recuperación del empleo de los trabajadores de Castilla y León, a través de ayudas económicas de carácter extraordinario a las empresas que contraten en centros de trabajo de Castilla y León a personas desempleadas cuya situación de desempleo provenga de un ERE de extinción de la relación laboral, o de la finalización de un contrato con una empresa en la que hayan estado más de 180 días en un ERTE durante el año anterior a dicha finalización.