En la firma de su correo electrónico aparecía como "director", pero era una "cuestión publicitaria" porque él era el gerente y no tomaba "órdenes ejecutivas", ni mucho menos "ilícitas". Con estos argumentos se ha presentado ante el juez Jaime C. M., exdirector de la Fundación Afal, para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel por presuntamente "expoliar" el patrimonio de varios ancianos sin familiares y que padecían alzhéimer con la intención de hacer una residencia de lujo de la que ser altos cargos y con la que obtener cuantiosos beneficios. En concreto, el Ministerio Público calcula que sustrajeron a diferentes ancianos casi ocho millones y medio de euros.

El juicio, en el que Conde y la abogada de la Fundación, Mercedes D. M., son los máximos acusados -para ella el fiscal pide cinco años de prisión- ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. La primera sesión ha sido un largo interrogatorio al director, al que el juez ha pedido en más de una ocasión que se ciñera a las preguntas. Durante algo más de tres horas, el acusado ha tratado de restarse competencias en la gestión de la Fundación, señalando directamente a Blanca C. J., la que fuera presidenta y que falleció poco después de saltar el escándalo, en 2014. "La dirección ejecutiva era de ella", ha insistido.

A preguntas de la Fiscalía, el principal acusado ha asegurado que él se dedicaba a "funciones de gerencia" y que no era de su competencia "ni contratar personal ni negociar con terceros". "Mi actividad era llevar asuntos de asesoría jurídica a los clientes, las labores institucionales las hacía Blanca", ha remachado. También ha negado que él formulase las cuentas de la fundación ni que supiese de dónde procedía el dinero del grupo. "Presentaba el presupuesto, el balance, hacía una exposición de lo que había, pero no intervine en ninguna auditoría ni tenía por qué mirar de dónde procedía el dinero", ha añadido. Sin embargo, la Fiscalía tiene clara su involucración en la trama.

De la Fundación dependían algo más de un centenar de ancianos, aunque el "expolio" se hizo de forma más concreta a tres de ellos, los que tenían más patrimonio. Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso 20Minutos, la Fundación aprovechó que las víctimas no tenían familiares para erigirse como tutores legales de los ancianos. En este proceso, los tres se ocuparon personalmente de los grandes patrimonios, siendo "conscientes" del "perjuicio que originaban". 

Esa tutela les dio la autorización necesaria para manejar las cuentas de las víctimas, sin ningún impedimento para transferir dinero a las cuentas de la asociación con el fin de construir una residencia de lujo en la que luego obtendrían grandes beneficios al ser altos cargos. En total, según el fiscal, el robo casi alcanzó la cifra de los ocho millones y medio de euros. En este sentido, el Ministerio Público señala que no puede diferenciar quién de ellos hacía los movimientos, puesto que se hacían por internet, "pero en todo caso fue de común acuerdo y consentimiento de los tres". En su declaración, el principal acusado ha admitido que tuviese clave para realizar los movimientos pero ha negado que hiciera los que eran "ilícitos", volviendo a redirigir las culpas a la presidenta, ya fallecida.

Dentro de ese plan para "saquear" a los ancianos, la letrada para la que el fiscal pide cinco años de prisión llegó a firmar seguros de vida o contratos de renta vitalicia con una entidad aseguradora. En los papeles situó como beneficiarios a los herederos legales. Al "no existir", los beneficios iban destinados a la fundación. Otro de los acusados, Rafael N., llegó a quedarse el dinero a través de una sociedad de la que él era el beneficiario "sin que conste que el acusado realizara servicio alguno a la persona tutelada".

Dos voluntarios, también en el banquillo

Junto con los tres principales acusados se han sentado en el banquillo otros dos, José Antonio F. D. y María Eugenia J. L., que trabajaban como voluntarios en la fundación. El primero fue el beneficiario de una transferencia de 1.400 euros por parte de director por servicios que nunca llegó a prestar a las víctimas de la estafa. Además, ambos, por orden de la que entonces era su jefa, mintieron al juez cuando se investigó el testamento de una de las ancianas afectadas: dijeron que la víctima redactó el testamento en su presencia. Con ese movimiento, con el que pusieron de beneficiaria a la fundación, estuvieron a punto de conseguir que revertiera en las cuentas de Afal una indemnización de más de un millón de euros.