La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación a raíz de los hechos acaecidos durante la manifestación del pasado sábado en el barrio madrileño de Chueca donde un grupo de manifestantes profirió consignas tales como "fuera maricas de nuestros barrios". Desde la Comunidad de Madrid, pasando por los diferentes partidos políticos, responsabilizan de estos hechos a la Delegación de Gobierno, cuya delegada, Mercedes González, ya ha pedido perdón al colectivo LGTBI y ha asegurado que "le engañaron".

Fuentes jurídicas informan de que el Ministerio Público ha tomado esta decisión por iniciativa propia, apenas dos días después de la celebración de la manifestación en la que un grupo de personas de ideología de ultraderecha desfiló por las calles del céntrico barrio de Chueca, punto de encuentro del colectivo LGTBI. 

La Fiscalía ya ha oficiado sendos informes a la Brigada Provincial de Información y a la Delegación del Gobierno en Madrid para que recaben información sobre si lo acontecido durante la marcha convocada por el grupo Madrid Seguro para protestar contra "agendas 2030/2050" es constitutivo de un delito de odio. 

La Delegación del Gobierno en Madrid autorizó una manifestación convocada por la Asociación de Vecinos San Blas-Canillejas con el lema "Di no a las Agendas 2030-2050", han señalado a Efe fuentes de la institución, que han precisado que no se autorizó ni una marcha nazi ni una manifestación homófoba. 

Según los vídeos que han publicado múltiples usuarios en las redes sociales, los manifestantes portaban pancartas con simbología nazi mientras gritaban "fuera maricas de nuestros barrios", "fuera sidosos de Madrid" o "tú no eres español porque eres blanco". 

Sancionará por haber "engañado"

La Delegación del Gobierno en Madrid va a interponer sanciones administrativas a los convocantes de la manifestación por haber "engañado" en el motivo de su marcha. Así lo ha anunciado este lunes la delegada, tras asistir a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum (NEF), y donde ha tildado de "lamentable" lo sucedido.

No obstante, ha explicado que la Delegación del Gobierno "no autoriza manifestaciones", sino que simplemente se le comunica las convocatorias que haya, de acuerdo al derecho de manifestación de la Constitución. Además, ha sostenido que este organismo tampoco "tenía ninguna posibilidad de prohibir la manifestación" porque no había dato alguno que indicará que "iba a acabar como acabó".

Sin embargo, la Comunidad de Madrid, a través del consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha recordado al Gobierno de España que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden disolver una manifestación si en ella se cometen ilícitos penales, o si sus asistentes visten ropa paramilitar.

"Tenemos que condenarlo sin ningún tipo de paliativo y por eso este tipo de manifestaciones no deben producirse. El artículo 5 que regula el derecho de manifestación y reunión establece la posibilidad de que la autoridad gubernativa suspenda y disuelva manifestaciones en la que se estén cometiendo delitos penales o se usen uniformen paramilitares", ha indicado.

Piden responsabilidad a la Delegación

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha pedido "explicaciones" a la delegada del Gobierno y que "asuma responsabilidades" por una manifestación "que no sólo habló de 'maricas' y 'sidosos' sino que se llevaba una pancarta en la que se volvía a acusar a los menores no acompañados".

La delegada de Gobierno en Madrid, en el punto de mira por la marcha neonazi de Chueca

"Es algo que no se puede tolerar en una ciudad que pretende ser libre, democrática, en una Comunidad en la que el odio y la intolerancia no tengan un mínimo de puerta abierta", ha sostenido la diputada, que ha remarcado que la Delegación "tenía que haber reaccionado si veían que no era (la manifestación) sobre la Agenda 2030".

A su vez, la portavoz de Podemos, Isa Serra, cree que la Delegación de Gobierno de Madrid tiene que asumir responsabilidades por la marcha de Chueca, "concretamente de quienes no dieron la orden para que se paralizaran esos delitos (de odio)" que a su juicio se estaban cometiendo. 

En este sentido, se pronunció ayer el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, donde aseguró que "la responsabilidad sobre la autorización de las manifestaciones la lleva la Delegación del Gobierno", que, a continuación, defendió que "cualquier manifestación que incite al odio tendría que ser absolutamente prohibida".

Defensor inesperado

Sin embargo, ha González le ha salido un defensor de peso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha mostrado su condena "total y absoluta" a la manifestación, al tiempo que ha considerado que los delitos de odio "incumben a todos" y que por lo tanto "no debería hacerse utilización partidista", motivo por el cual ha defendido que no cree que la delegada del Gobierno en Madrid tenga que dimitir por haber autorizado la marcha. 

Almeida ha apuntado que en las manifestaciones que se solicitan suele haber una comunicación previa y los requisitos para poder desconvocarlas "son muy rígidos desde el punto vista normativo y de la jurisprudencia". Además, ha añadido que se trató de una convocatoria "camuflada", porque el motivo con el que se comunicó era mostrar la oposición a la Agenda 2030. 

La delegada ha respondido a quienes han pedido su dimisión tras estos hechos, apuntando que "entiende que la gente haga política con esto", pero ha pedido a todos los responsables políticos que "ayuden a calmar" la situación, que es "cada vez más peligrosa y cada vez se está echando más leña al fuego".